* Congreso debe apostar por realismo fiscal
* ¿Es viable una segunda reforma tributaria?
Las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes deben abocar el debate al proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025, luego de que días atrás el Ministerio de Hacienda radicara la iniciativa respectiva en medio de una gran expectativa en torno a cuáles serían las propuestas del Ejecutivo para sortear una difícil situación fiscal que, como se sabe, lo obligó a aplicar un apretón del gasto del Gobierno nacional central en más de $20 billones, así como a plantear un aumento de urgencia del cupo de endeudamiento, el cual le fue aprobado por el Parlamento con una serie de condicionamientos.
El proyecto de Presupuesto tiene un monto de $523 billones (29,4 % del PIB). De ese total, $327,9 billones (62,7 %) corresponden a gastos de funcionamiento, $112,6 billones (21,5 %) al pago del servicio de la deuda y $82,5 billones (15,8 %) a inversión. Este último rubro es el más castigado y, sin duda, un retroceso muy fuerte en las metas gubernamentales.
Lo más paradójico es que es un presupuesto al debe, ya que del monto total, $12 billones son contingentes. Es decir, que están sujetos a la aprobación de un proyecto de “ley de financiamiento” (segunda reforma tributaria) que el Gobierno nacional presentará en próximas semanas.
Es evidente que la situación fiscal es muy complicada, sobre todo porque las metas de recaudo tributario continúan colgadas este año, a tal punto que en el primer semestre el desfase fue superior a los 12 billones de pesos, en tanto que el panorama para la segunda parte de 2024 es difícil. Al tenor de los pronósticos de gremios, banca multilateral, firmas calificadoras de riesgo y centros de estudios económicos, no se avizora un mayor dinamismo económico que lleve a un repunte sustancial en pago de impuestos, ingresos por divisas y otras fuentes fiscales.
Por el contrario, las alertas están encendidas por el billonario déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que solo podría ser contenido si el Gobierno comienza, de una vez por todas, con el desmonte del costoso subsidio al diésel. Aunque el propio ministro de Hacienda sostiene que la idea es que este combustible suba alrededor de 6.000 pesos entre lo que resta de este año y comienzos del próximo, las negociaciones con los gremios del sector de transporte de carga por carretera llevan muchos meses sin lograr acuerdo alguno.
De otro lado, resulta evidente que confiar en que el Congreso le viabilice a este gobierno otra reforma tributaria es un riesgo muy grande para la estabilidad de las finanzas públicas. Hay varios elementos que se atraviesan en esa intención oficial. En primer lugar, que no le será fácil al Ministerio de Hacienda explicar cómo, para una administración a la que se le aprobó en el primer semestre de su mandato la reforma tributaria por el monto más alto en toda la historia del país (80 billones de pesos), a un poco más de año y medio de la entrada en vigencia de esa nueva carta impositiva se hace necesario acudir a otro reajuste impositivo.
En segundo lugar, no pocos senadores y representantes de las comisiones económicas han advertido en los últimos días que es indispensable que el Ejecutivo presente un corte de cuentas muy detallado sobre la ejecución presupuestal de este año. Si bien es cierto que las estadísticas oficiales señalan que los ministerios y demás entidades del Gobierno nacional central han sido más eficientes en este campo, después del pobre desempeño del año pasado, es necesario analizar cómo se han invertido las partidas en este 2024, ya que algunas voces críticas sostienen que hay poco dinamismo en la inversión real y muchos de los dineros que se han movido corresponden a temas administrativos, pago de deudas y otras contingencias.
Un tercer aspecto no menos importante se refiere a que varios sectores aseguran que más grave que el descuadre de $12 billones en el presupuesto de 2025 es que el reciente apretón de los $20 billones resultó insuficiente para contener el déficit fiscal y de cuenta corriente, y haría falta recortar entre 20 y 30 billones adicionales para cuadrar caja y que las proyecciones sean más realistas.
Otro elemento que prende alarmas tiene relación con que la incertidumbre derivada de los bandazos de la política económica gubernamental ha llevado a que los intereses que está pagando Colombia por sus operaciones de endeudamiento externo han venido creciendo de manera constante a lo largo del último año y medio. Esto tiene un costo fiscal importante.
Visto todo lo anterior, la principal petición a los senadores y representantes de las comisiones económicas es que se haga un análisis muy detallado de la carta de gastos de funcionamiento, inversión y servicio a la deuda. Hay que proceder con sindéresis y realismo fiscal. No se puede apostar a escenarios utópicos, con metas desfinanciadas, ni tampoco exponerse a otro apretón presupuestal el próximo año. El Congreso tiene la palabra.