*Leer objetivamente panorama externo
*Flujo de recursos no será el esperado
Cabeza fría. Eso es lo que debe primar en momentos en que el optimismo alrededor del proceso de paz con las Farc, con todo y sus altibajos, ha llevado a que en todo el país se esté hablando de agendas, requisitos y costo del posconflicto. En muchas ocasiones se ha advertido desde estas páginas que se trata de un tema muy complejo, tanto o más que las propias tratativas para la terminación definitiva del conflicto. Aun así, crece la expectativa entre los sectores políticos, económicos, sociales, gremiales e institucionales sobre cómo enrutar la nación una vez termine la guerra. Y particularmente existe un interés mayor en torno de cuántos recursos demandará el posconflicto y de dónde saldrán esos presupuestos. Entre las distintas alternativas mencionadas prima aquella de allanar apoyos económicos internacionales. Es más, no faltan quienes han propuesto una especie de Plan Colombia II. Es decir, formular toda una estrategia integral y realista que, a diferencia del primero, cuyo objetivo prioritario fue fortalecer el Estado para que no fuera cooptado por el poder de violencia e infiltración del narcotráfico, se enfoque en construir las bases para que la paz política, social y económica se consolide, entendido que el posconflicto va mucho más allá del mero silencio de los fusiles.
En las últimas semanas el debate acerca de cómo financiar el cumplimiento de los eventuales acuerdos con las guerrillas, su reinserción y la recuperación de las zonas azotadas por la violencia se ha vuelto recurrente. Los cálculos que se hacen son tan variables que es prácticamente imposible fijar una cifra promedio. Algunos informes tasan la inversión para el posconflicto en 20, 30, 60, 80 o más billones de pesos. Otros expertos sostienen que si el horizonte presupuestal de la reparación a víctimas y restitución de tierras se ha fijado por encima de los 10 billones de pesos, entonces el costo de superar las otras consecuencias nefastas de una guerra de medio siglo bien puede multiplicarse por cinco o seis ese monto. Igual hay analistas que consideran que se está sobredimensionando el costo del posconflicto, afirmando que no será tan alto pues ya está avanzando el plan de resarcimiento a los afectados por la violencia e informes como el recién salido de la Contraloría General sostienen que la posible desmovilización de las Farc podría valer no más de 3 billones de pesos.
Volviendo al tema de un posible Plan Colombia II, si algo se empieza a ver en los últimos meses, a medida que el Gobierno ha ido enfocando su agenda internacional en la necesidad de concretar una estrategia que asegure compromisos económicos externos para financiar el posconflicto, es que el escenario geopolítico es muy distinto al de finales de la década de los noventa, cuando nuestro país estaba en la peligrosa ruta de convertirse en un Estado fallido, acorralado por la violencia guerrillera, paramilitar y narcotraficante. Hoy la realidad es otra: la institucionalidad recuperó su primacía en todo el territorio, los grandes carteles fueron desmantelados, el paramilitarismo se desactivó en buena parte y la subversión fue debilitada de manera notable. De igual forma, la economía nacional es considerada como una de las más estables y dinámicas del continente, al tiempo que los indicadores en materia social han ido mejorando sustancialmente. Ello mientras en otras latitudes del planeta la pobreza, debacles humanitarias, pésimos niveles de calidad de vida, la amenaza terrorista, guerras de vieja y nueva data, el fanatismo político y religioso y las quiebras económicas tienen a países enteros al borde del colapso o erigidos como riesgos geopolíticos continentales e incluso globales. Días atrás, cuando el Comité de Relaciones Exteriores de la Unión Europea empezaba a analizar cómo ayudar a Colombia en la etapa de la transición de la guerra a la paz, varios analistas del viejo continente advertían que si bien es urgente allanar apoyos para acabar con el último conflicto armado del hemisferio occidental, también la comunidad internacional debía sopesar las crisis y urgencias, la mayoría más graves, en otras latitudes. En atención a ello, es prioritario que en nuestro país se tome conciencia de que si bien hay un gran consenso externo sobre la necesidad de respaldar el esfuerzo de superación del conflicto en Colombia, los aportes de recursos directos, indirectos e incluso la adjudicación de créditos a tasas benévolas con ese fin, no serán tan amplios y cuantiosos como algunos sectores locales aspiran. Y esa realidad abre un debate aún más complicado ¿cuáles serán, entonces, las fuentes y orígenes internos de los recursos?