- Zonas grises en la democracia partidista
- Reforma política y la oportunidad perdida
La cuenta regresiva para las elecciones regionales y locales de octubre próximo sigue agotándose. A un poco más de seis meses para la cita en las urnas con el fin de renovar gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, la contienda por el favor popular se tomó ya todo el país.
Si bien es cierto que todavía la publicidad política pagada y otras herramientas proselitistas están restringidas, los precandidatos están buscando votos aquí y allá, en tanto los partidos y movimientos políticos aceleran el cierre de sus procesos de inscripción de aspirantes. Luego vendrá la etapa más complicada, referida a la asignación de los avales y la conformación de listas a cuerpos colegiados.
A partir de ayer la campaña entró en una fase más definitiva, ya que inició la inscripción de los precandidatos de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que quieran participar en las consultas del próximo 26 de mayo.
El plazo vence el próximo viernes, razón por la cual esta semana será determinante para saber si, como ocurrió el año pasado en las presidenciales, las consultas populares para escoger candidatos de coalición o de partido a determinado cargo de elección popular, marcarán un punto de inflexión en la contienda democrática.
La expectativa es mayor puesto que, como bien lo advirtiera el Registrador Nacional del Estado Civil en entrevista dominical con este Diario, en el primer plazo dado para el tema de las consultas la mayoría de los partidos y movimientos políticos manifestó su intención de realizarlas. En esta semana deben concretar en cuáles departamentos y municipios las harán de manera puntual y definitiva.
Este es un tema clave ya que en anteriores consultas uno de los debates más recurrentes fue el relativo a la poca cantidad de estas y la baja afluencia de votantes, lo que siempre genera una discusión desgastante sobre si estos ejercicios democráticos se justifican, más aún por el alto costo económico del operativo logístico correspondiente. No es un tema menor este último, a tal punto que, según lo precisó la Registraduría, una vez se conozca el tamaño de la jornada la organización electoral procederá a solicitar el presupuesto al Ministerio de Hacienda para la celebración de las consultas, ya sean populares, internas o interpartidistas.
Lo importante, en todo caso, es que las consultas sean utilizadas de forma objetiva y seria por los partidos y movimientos políticos, en casos en donde la competencia sea real. Sería ingenuo negar que en consultas realizadas años atrás las diferencias entre los candidatos que participaban en las mismas fueron abismales, poniéndose de presente que la escogencia del aspirante único de partido o coalición no ameritaba dirimirse necesariamente en las urnas y bien se pudo despejar por un consenso u otro mecanismo más ágil al interior de la colectividad respectiva o de la alianza en cuestión.
Si bien es cierto que la democracia no se puede reducir a una simple ecuación de costo-beneficio entre el volumen de votación y lo que se invirtió para organizar la respectiva cita en las urnas, tampoco se puede caer en el extremo, en un Estado que atraviesa dificultades presupuestales, de malgastar el dinero oficial en eventos electorales no obligatorios que apenas suman una ínfima votación o cuyos resultados eran ampliamente previsibles.
Ya se escuchan en algunas regiones alertas en torno a que varios candidatos estarían queriendo lanzarse a consultas con el único y exclusivo fin de poder anticipar su campaña con miras a octubre, ganando así escenario mediático y posicionamiento político. Todo ello mientras que sus eventuales rivales para dentro de seis meses tendrán que quedarse quietos pues no les está permitido todavía acceder a publicidad política pagada ni tampoco a financiación.
Habrá que esperar, entonces, al cierre de la tarde el viernes próximo. Solo entonces se verá el humo blanco sobre cuántas consultas se llevarán a cabo el 26 de mayo. Es claro, y lo hemos defendido reiteradamente en estas páginas, que los partidos deben avanzar en democracia interna, pero esta debe ser real, efectiva y, sobre todo, convocante. Lastimosamente la posibilidad de reglamentar estos procedimientos en partidos y movimientos políticos ha fracasado en los últimos años. Es más, si bien se avanza algo en el actual proyecto de reforma electoral que cursa segunda vuelta en el Congreso, si llega a aprobarse difícilmente alcanzará a aplicarse para estos comicios. Una oportunidad perdida que le puede salir muy cara a la legitimidad y transparencia democrática.