Una  de las más graves tragedias que la guerra ha causado -y sigue haciéndolo- en Colombia son las miles de personas muertas o heridas por la explosión de las minas antipersonal, conocidas popularmente como “quiebrapatas”.

Las cifras son dicientes, según las estadísticas que maneja el Programa Presidencial encargado de coordinar la estrategia para enfrentar este flagelo: la utilización de estos artefactos explosivos de manera indiscriminada por parte de los grupos armados ilegales ha dejado 10.657 víctimas desde 1990 a febrero de este año. De ese total de afectados, 8.496 personas resultaron heridas y 2.161 perdieron la vida. Como si fuera poco, cerca del 10 por ciento de las víctimas son menores de edad, con el agravante de que 231 fallecieron.

De ahí que no resulte para nada sorpresivo que el informe del Monitor de Minas Terrestres de 2013 haya indicado que Colombia ocupa el segundo lugar en nuevas víctimas en el mundo después de Afganistán y seguido por Camboya.

La culpa de esa deshonrosa mácula es única y exclusivamente de la guerrilla y otros grupos armados ilegales que, literalmente, ‘sembraron’ con estos elementos explosivos muchos puntos de la geografía nacional, sin importarles que por allí transitara no sólo Fuerza Pública sino también población civil y, sobre todo, niños y niñas que han pagado con sus vidas o con graves mutilaciones a sus cuerpos la sevicia de los violentos.

No hay que olvidar que hace muchos años las Fuerzas  Militares en Colombia dejaron de usar las minas para proteger bases castrenses e incluso destruyeron el arsenal que les quedaba. Lo anterior porque el país firmó la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal el 3 de diciembre de 1997 y la ratificó el 6 de septiembre de 2000, convirtiéndose en Estado Parte el 1 de marzo de 2001.

Sin embargo, la subversión y otras bandas criminales persisten en la utilización de este tipo de armas, pese a que están proscritas por el Derecho Internacional Humanitario aplicable a casos de conflicto armado interno o externo.

Por lo mismo, ahora que en Colombia se habla tanto del llamado posconflicto, pese a que todavía está a medio camino el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, es importante hacer eco a las solicitudes y exigencias de múltiples sectores nacionales, regionales y locales a las Farc, el Eln y otros grupos armados ilegales para que entreguen ya a las autoridades o al mismo Comité Internacional de la Cruz Roja la información sobre los parajes rurales y semiurbanos en donde ‘sembraron’ minas, con el fin de empezar la difícil pero urgente tarea de desactivarlas. Si en verdad las Farc tienen voluntad de paz y de superar la guerra por la vía negociada, la entrega de dicha información sería una prueba incontrovertible del compromiso. Igual ocurre con el Eln, que insiste mes tras mes en que se inicie un proceso de negociación con ese grupo subversivo.

Se trata de una misión inaplazable, más aún si se tiene en cuenta que hay países en donde pese a la firmas de acuerdos para poner fin a conflictos internos, la labor de desminado tardó muchos años, lapso durante el cual el saldo de víctimas creció indefectiblemente.

Este y otros temas están siendo abordados durante la Conferencia Global de Asistencia a Víctimas de Minas Antipersonal y otros Remanentes Explosivos de Guerra, que se está llevando a cabo en Medellín. Allí, bajo el lema “Tendiendo Puentes Entre Mundos”, más de 300 especialistas, invitados internacionales y nacionales así como víctimas  intercambian conocimientos y experiencias que permiten fortalecer los procesos para garantizar los derechos y la atención de los sobrevivientes y otras personas con discapacidad.

Igual, hoy 4 de abril, se invita a los colombianos a remangarse la bota de su pantalón para conmemorar el Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal.