En un resonante artículo  el periodista Juan Gossaín hizo una comparación de campo sobre los precios de los medicamentos y  calculó a vuelo de pájaro lo que gasta una persona enferma según su salario, en apenas uno de tantos remedios para dolencias como el Crestor que se usa contra los elevados niveles de colesterol en la sangre. El resultado evidencióque con un salario mínimo resulta imposible pagar algunas medicinas, por lo  que la persona estaría condenada a una muerte lenta. Puesto que si: “el paciente gana el salario mínimo, que hoy es de 566.700 pesos, en un mes se le van poco más de $ 316.000 pagando un solo medicamento”.  Y algo escandaloso, se demostró que un remedio como el Crestor,  en Colombia es 365 por ciento más caro que en el Ecuador. Lo mismo se repite al comparar los precios con Venezuela, Brasil y varios países de Hispanoamérica.

Lo que explica y justifica que la salud se maneje por entes que le permitan a los que menos recursos tienen obtener a bajo precio en unos casos o de manera gratuita, los fármacos que requiere para que no se agraven sus dolencias y resulte mucho más caro internarlo en un hospital de caridad. Lo mismo que al comprar medicamentos en cantidad esas instituciones deben obtener una rebaja apreciable de los laboratorios, que beneficie a todos. Con esa idea de solidaridad social, el senador Mariano Ospina Pérez propuso en el Congreso crear  el Seguro Social en Colombia, siguiendo el modelo alemán de tiempos de Bismarck, que tan positivos resultados produjo en Alemania y se imitó en otros países. El Seguro Social se fundó en 1945 y se convirtió en una de las empresas emblemáticas del proyecto social conservador, con apoyo entusiasta  de los liberales. Entre tanto, la población del país aumenta imparable con el desplazamiento del campo a las ciudades, las vacunas que derrotan las enfermedades endémicas y avances en la longevidad promedio. Los hospitales ya no alcanzan para atender a millones y millones de seres. El Seguro Social se expandió en servicios hospitalarios y se efectuaban grandes campañas preventivas de vacunación por cuenta del Estado. Vino la crisis del Seguro, entre otras  cosas, por distintos factores de tipo administrativo, como por la obligación de invertir sus recursos por ley en determinados entes oficiales, como por la politiquería, la corrupción y la presión desde el mismo Estado para impedir el ingreso de nuevos afiliados y otros males. Por desagracia el Seguro Social declinó, acuciado por políticas equivocadas o la indiferencia de distintos gobiernos. Se expandieron los servicios a las comunidades y vino  la Ley 100, que facilitó que creciera  como espuma la seguridad  privada, en algunos casos con eficacia y buen servicio, en otros con efectos contradictorios como el  de Saludcoop.

La política social conservadora  buscaba mejorar la raza, elevar el nivel moral y físico del individuo. Se estimulaba la agricultura, para producir alimentos baratos para la población y se apoyó con el mismo fin la huerta casera. Es de la naturaleza, de las plantas nuestras, de donde sale la materia prima de numerosos medicamentos que al mezclarlos con químicos producen los laboratorios del exterior. Desaprovechada por nuestros científicos y empresarios, pero que mentes agudas foráneas  valoran en grado sumo. Como se sabe, desde los tiempos de los faraones,  la primera responsabilidad de los gobiernos es garantizar que la producción agrícola satisfaga las necesidades de la población. ¿Cómo se puede dar la seguridad alimenticia en un país que abandona el campo y con miles y miles de kilómetros de tierras sin cultivar? En vez de planificar determinados cultivos, producir para el consumo y exportar los excedentes, aquí hacemos lo contrario. Por ese mismo interés en la justicia social, en el Gobierno de Guillermo León Valencia se aprobó la producción de drogas genéricas en Colombia, con la finalidad de que  la población tuviese la posibilidad de acceder a medicamentos baratos, que tuviesen el reactivo de los más costosos y seguros. Puesto que con cuellos de botella y control de precios el asunto no se resuelve, se requiere una verdadera política de justicia cristiana y  social en el sector de la salud, que es de donde tiene que partir cualquier intento de equidad y de conseguir que el Estado contribuya al bienestar de los colombianos. Ya algunos laboratorios que vendían medicamentos de 30 pastillas han bajado el contenido a la mitad para venderlos al precio que establece el control oficial y se burlan de la ley, mañana sacan otro con las mismas características con distinto  nombre y por mayor precio.

Por supuesto, la política de justicia social en el campo de la salud no se reduce a medidas temporales, es imperativo promover la investigación en universidades y laboratorios privados, ofrecer estímulos fiscales y de diversa índole, lo mismo que los gobiernos deben tener conciencia de sus deberes para con los enfermos. No se trata de cruzarse de brazos e ignorar la realidad. En el Brasil, cuando el SIDA se extendió peligrosamente por las favelas y los precios de los medicamentos para ese flagelo eran escandalosos, el Gobierno decidió exigir a las multinacionales que los vendieran a un precio razonable o los produciría el Estado. Y se llegó a un arreglo favorable para los enfermos. Otros países en los tratados de TLC se cuidan de salvaguardar la salud, aquí se negoció mal el asunto de la propiedad intelectual y las patentes, como lo advirtió El Nuevo Siglo en su momento, lo que determina el consiguiente atraso en la producción nativa y que en  ciertos medicamentos tengamos entre las naciones los  precios más elevados del planeta, impagables para las personas de menores recursos. Ruinosos para los más. Esa es una terrible y aberrante injusticia que deriva en calamidad social, por lo que debería suscitar medidas extraordinarias de política social de parte del Gobierno a favor del pueblo. Es principio esencial y fundamento de la doctrina conservadora que el Estado esté al servicio de la sociedad y del bien común.