Este tema ha sido una de las prioridades de todo el Estado colombiano en los últimos años. En el país se registran alrededor de seis mil muertes al año por accidentes de tránsito.

Se han dado pasos desde todos los ámbitos y planos institucionales con miras no sólo a reducir los índices de accidentalidad en las carreteras, sino también a aumentar la concientización de la ciudadanía en general sobre la forma en que deben utilizar la red vial sin exponerse a riesgos que no en pocas ocasiones tienen desenlaces fatales.

La medida más reciente fue la aprobación y entrada en vigencia de la ley que incrementa de manera sustancial los castigos penales, administrativos y pecuniarios a quienes conducen bajo los efectos del licor. La norma entró a regir hace apenas unos días y los reportes de las autoridades sobre el índice de accidentes vehiculares en los que hubo presencia de alcohol en las festividades de fin de año indican que hubo una rebaja sensible en este aspecto, así como en el número de comparendos que se imponen a quienes son sorprendidos manejando en estado de ebriedad.

También se viene trabajando en un proceso de renovación y recategorización de licencias de conducción. Igual se implementó el sistema de Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). También está en marcha desde hace un buen tiempo la campaña de “inteligencia vial” con el fin de que conductores, peatones, motociclistas y todos en general adopten de forma natural y consciente el respeto de las normas de seguridad vial.

Y ahora entra como ente de dirección y control marco de toda esta política la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), que tiene como principal objetivo funcional el darle herramientas a todo el aparato institucional para prevenir y reducir la accidentalidad.                              
De acuerdo con la ley que le dio vía a la entidad, la Agencia articulará a todas las entidades que desarrollan acciones de seguridad vial y cumplirá funciones en el área de planificación, regulación, información, control, campañas e infraestructura entre otros.
Según el Ministerio de Transporte, a través de la nueva entidad se establecerán comités territoriales con la participación de representantes de los gobiernos departamentales y municipales. La Agencia tendrá como fuente de financiación el 3 % del recaudo del Seguro Obligatorio de Atención a Terceros (Soat). Ese porcentaje estaba dirigido hacia el Fondo de Prevención Vial.
Lo importante ahora es que el nuevo andamiaje institucional no se quede sólo en el papel y menos se convierta en un ente burocrático. Hay que establecer planes de seguimiento y metas a corto, mediano y largo plazos. Igual tiene que fijarse lo más pronto posible la escala de jerarquización funcional entre las distintas entidades, pues siempre que entra una nueva entidad se generan choques y vacíos jurisdiccionales. 

Por ejemplo, el primer reto debe ser cómo afrontar el cuello de botella que se viene presentando con el proceso de renovación de licencias que tiene como fecha límite el último día de este mes. Hasta el momento parece evidente que será imposible culminar en esa fecha y habrá que tomar medidas extraordinarias.