Una vez más el tema de la fórmula para calcular el precio interno de los combustibles está sobre la mesa. En esta ocasión por cuenta de la propuesta que presentó el Ministerio de Minas y Energía al Congreso, en donde se discute un proyecto de ley al respecto. Este trámite legislativo se ha visto doblemente impactado, no sólo por cuenta del planteamiento gubernamental sino por la decisión de la Corte Constitucional que dejó sin piso uno de los rubros clave para determinar el valor del galón de gasolina y de ACPM en el país.
Es claro que debe analizarse a fondo la propuesta del Ministerio, según la cual -de acuerdo con la explicación oficial- el precio de los combustibles no podría subir en promedio neto más de un 5 por ciento al año.
De entrada habría que decir que es positiva la idea del Ministerio en torno de que el consumidor final puede diferenciar claramente los distintos componentes del precio. Es decir, qué cantidad de lo que se paga por un galón de gasolina va para Ecopetrol, cuánto para el distribuidor y el comercializador, así como la estructura de impuestos y sobretasas que se suman al valor de los combustibles.
Ello permitirá sincerar el debate acerca de cuáles son las fórmulas viables, realistas y, sobre todo, financiables para abaratar el precio de los combustibles. Si se avanza en esas claridades, entonces será posible separar las propuestas de rebaja serias y sopesadas, de aquellas producto de los afanes populistas e incluso electorales. También es claro que la política de hidrocarburos, tanto en materia extractiva como de comercialización y venta, debe tener un plano de seguridad jurídica a largo plazo, pues de lo contrario el horizonte de las nuevas inversiones en un sector tan sensible para nuestra economía se podría ver afectado, lo que complicaría en forma preocupante las expectativas para alargar el plazo de la auto-sostenibilidad petrolera y de sus derivados.
Es obvio que hay un proyecto con un camino recorrido ya en el Congreso y es evidente que los tiempos legislativos se empiezan a estrechar, pues este primer tramo de la legislatura culmina la tercera semana de diciembre. Ya un senador propuso que se pensara en citar a sesiones extras parlamentarias con el fin de culminar este debate y permitir que 2014 arranque con una fórmula de fijación de precios de los combustibles clara y, sobre todo, previsible en sus ciclos evolutivos. La decisión en este aspecto está en manos del Ejecutivo, siempre bajo la premisa de que se trata de un asunto de primer interés público que impacta de forma transversal la economía y el diario vivir de toda la población.
La decisión de mantener el Fondo de Estabilización es clave, más aún en momentos en que los analistas vislumbran picos críticos en geopolítica que podrían amenazar con poner el precio del barril de crudo en los mercados internacionales por encima de los 100 dólares.