* Improvisación como fórmula de gobierno
* Riesgoso desconocimiento de realpolitik
Una vez más el Gobierno está en el centro de la polémica, esta vez por cuenta del proyecto de ley que presentó sobre las tarifas del Impuesto Predial Unificado (IPU).
La iniciativa ha generado un intenso debate. Mientras que desde distintos sectores y expertos se advierte que por esa vía dicho tributo podría aumentar hasta 300% o más para determinados predios, sobre todo del sector rural, los ministerios de Hacienda y Agricultura replican que, por el contrario, el espíritu del proyecto busca generar un marco normativo que impida que el IPU se dispare en muchos municipios, sobre todo en el proceso de implementación del catastro multipropósito.
La discusión escaló aún más. De un lado, el Presidente de la República alegó que hay una deliberada campaña mediática de desinformación sobre las iniciativas gubernamentales. Y, de otro, varios exministros no dudaron en advertir que el cuestionado proyecto lo que busca es encarecer el precio de la tierra y los inmuebles hasta límites críticos que lleven a sus propietarios a venderlos al propio Estado y, por esa vía, acelerar de manera artificiosa la reforma agraria, que es uno de los programas bandera del Ejecutivo que más retrasado está en materia de implementación.
Frente a todo este confuso escenario hay tres aspectos que señalar. El primero se refiere a un nuevo descache en materia de estrategia comunicacional. Una iniciativa de tanto impacto público y que tendrá un efecto directo y cuantioso en el bolsillo de propietarios de predios en las áreas urbanas y rurales debió ser objeto de un proceso de socialización y pedagogía muy amplio. Ello hubiera permitido que los gremios, expertos, gobernaciones, alcaldías y la ciudadanía en general conocieran de forma clara y detallada el alcance del ajuste al IPU y que el análisis sobre su nivel de conveniencia o inconveniencia hubiera sido más asertivo y objetivo.
No precaver la polémica que se generaría una vez se conociera, de un momento a otro y sin ambientación alguna, el articulado del proyecto, evidencia un alto grado de improvisación por parte de los dos ministerios mencionados y de la propia Casa de Nariño. Lamentablemente esta falta de pertinencia en el manejo de la cosa pública ya parece ser una marca distintiva en estos dieciséis meses de accidentada gestión de la administración Petro.
En segundo término, una vez más parece que el Gobierno desconoce la realpolitik. La ruptura de la coalición parlamentaria oficialista meses atrás y el mapa político dejado por los comicios regionales y locales del pasado 29 de octubre, en donde la izquierda y el Pacto Histórico fueron los grandes derrotados, ponen de presente que la Casa de Nariño no tiene el apoyo de las mayorías nacionales ni los votos en Senado y Cámara para sacar avante proyectos de alto calado, como está demostrado en las cuestionadas reformas pensional, laboral, de salud y educación, que se encuentran trabadas en el Legislativo debido a que el Ejecutivo insiste en no concertar sus articulados, así estos corran el riesgo de hundirse por la radicalidad de sus propuestas.
En tercer aspecto, si las bondades del proyecto sobre el predial son de la magnitud que dicen los citados ministerios, lo conducente hubiera sido convocar a todas las bancadas (gobiernistas, independientes y de oposición) para explicarles el espíritu de la norma y el sentido de urgencia que el Gobierno le atribuye. No se ve a ninguna colectividad en el Congreso que sea partidaria de aumentar de forma exagerada y crítica la carga tributaria a los propietarios urbanos y rurales. Por el contrario, la mayoría de las reacciones por esta intempestiva iniciativa sobre el IPU va en la dirección de advertir a la Casa de Nariño que, en medio de la difícil situación económica, la alta inflación, el aumento de la pobreza y el desempleo, todo ello en el marco de un creciente clima de inseguridad y desorden público, resulta altamente inconveniente aumentar los impuestos, sean cuales sean. Esto no implica desconocer que hay un innegable desfase en los avalúos catastrales que debe ser corregido gradual y efectivamente. Ni tampoco dejar de lado que debe regularse de forma más funcional la capacidad de las administraciones y concejos municipales para ajustar las tarifas respectivas.
Como se ve, el problema de este controvertido proyecto sobre el predial no radica en la esencia misma de la propuesta legislativa - que requiere un análisis más a fondo y proactivo-, sino en la manera en que el Gobierno la presentó. Hemos insistido en estas páginas que la forma es tan importante como el fondo. Desafortunadamente, la actual administración actúa en sentido contrario, prefiriendo la improvisación a la planificación, así como el conflicto a la concertación. Mala, muy mala cosa.