Reformar discusión parlamentaria
Muchos interrogantes para despejar
Las primeras discusiones alrededor del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) dejan ver a las claras que si bien la iniciativa se había socializado en nivel regional antes de llegar al Parlamento, el articulado ya específico en materia de metas, propuestas, programas y políticas, ha generado no pocas polémicas y observaciones. Si bien es cierto que las sesiones extraordinarias citadas para tal efecto tan solo llevan dos semanas largas y en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara apenas si se arrancó con la presentación del proyecto, ya existen varios elementos que merecen un análisis profundo.
En primer lugar resulta interesante la propuesta de una senadora en torno de cambiar el sistema de discusión del Plan, bajo la tesis de que siendo un proyecto que engloba los objetivos gubernamentales en todas las áreas de gestión y ejecución, su análisis en primera instancia no debería estar a cargo única y exclusivamente de las comisiones económicas conjuntas, sino que tendría que extenderse a las catorce células congresionales permanentes para que cada una de ellas, bajo el principio de especialización temática que tienen, evalúe lo de su competencia. Es de sana lógica la conclusión de que bajo este modelo mucho más amplio y focalizado de análisis de lo que debe ser la carta de navegación del cuatrienio, el texto finalmente aprobado en las comisiones y enviado a las plenarias resulta más sólido, incluyente, integral, y sobre todo, agiliza el trabajo en la recta final del trámite. Es innegable que la discusión en los plenos de ambas cámaras legislativas muchas veces se vuelve engorrosa porque el tiempo se pierde en un alud de proposiciones de la mayoría de parlamentarios que, con el actual modelo, no tuvieron la oportunidad de conocer antes el articulado ni de opinar sobre su contenido.
A lo anterior se suma que, a diferencia del proyecto de Presupuesto General de la Nación anual, en donde el foco está ubicado en la distribución de los recursos, lo que explica el papel protagónico de las comisiones económicas conjuntas, el Plan es una norma de carácter muy superior porque se refiere no solo a formulación de objetivos y montos presupuestales, sino que proyecta desde reformas legales y constitucionales para cumplirlos, hasta plantear muchos temas que o ya están siendo objeto de proyectos de ley en trámite, o que obligaría al retiro o corrección de los mismos.
De otro lado es claro que al proyecto del Plan le han formulado en la última semana hondos reparos que deben ser despejados rápidamente. Los informes de la Contraloría y la Procuraduría sobre el costo de la reparación a las víctimas de la violencia y el riesgo de que las metas planteadas por el Gobierno se queden cortas, tanto en lo referente al número de personas que deben ser indemnizadas como en el costo de ese proceso, urgen una repuesta contundente.
En entrevista dominical con este diario el Director de Planeación Nacional avanzó en réplica a muchas de las críticas, tanto en las referidas al tema de las víctimas, como también a las dudas que se han planteado sobre cambios de la política sobre baldíos del Estado, modificaciones a los créditos del Icetex, revolcón en la institucionalidad del agro, el alcance de las facultades que se le otorgan al Presidente de la República, modificaciones al régimen de televisión, ajustes en las rentas de licores y loterías, y la no menos trascendental controversia sobre el financiamiento de la iniciativa, mediando la descolgada de los precios del petróleo, entre muchos otros asuntos. A ello se suma que es seguro que los interrogantes de sectores parlamentarios, económicos, sociales, institucionales y regionales aumentarán una vez el debate arranque en forma.
Como se ve el trámite del Plan de Desarrollo ya suma hondas polémicas que deben despejarse en el corto lapso si lo que se pretende en realidad es que la iniciativa sea aprobada con un consenso significativo, y no apenas empujada por las mayorías de la coalición gobiernista y la negativa cerrada de la oposición. Por lo pronto lo que se impone es que la discusión se centre en el Congreso, y que sea allí en donde se escuchen las voces de todos los sectores que han manifestado observaciones al proyecto. Abrir de nuevo el debate hacia las regiones resulta complicado, de un lado, porque se supone que ese proceso ya se surtió en la etapa previa y, de otro, la vocería de esas zonas debe estar en cabeza ahora de sus respectivos parlamentarios.