*Se multiplican voces que urgen apertura democrática
*Gobierno Maduro sin mayor margen de acción
“Instamos a las autoridades venezolanas a la creación de un clima de diálogo y paz que revierta las nocivas tendencias que se aprecian y que afectan sin distingos a todos los venezolanos en sus libertades y derechos fundamentales”. Ese es uno de los principales párrafos de la llamada “Declaración de Caracas”, mediante la cual un total de 27 exmandatarios de Latinoamérica y España expresaron días atrás su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis en Venezuela, al tiempo que llamaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro a que respete los derechos humanos y los principios más básicos de la democracia. Igualmente los líderes políticos iberoamericanos exigieron que cesen las “humillantes medidas de racionamiento y de control político a que está sometida la población para acceder a los alimentos y medicinas”. Por igual, insistieron en la necesidad de que acaben las presiones y restricciones a la prensa independiente, en el marco de las cuales se ha llegado, incluso, a judicializar a los periodistas y medios que reproducen información extranjera que afecte al régimen, como fue el caso reciente de los diarios Tal Cual, El Nacional y la página web La Patilla, hoy en la mira de los jueces por hacer eco a las denuncias de periódicos extranjeros sobre los presuntos nexos con el narcotráfico del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello.
La “Declaración de Caracas” no podía ser más clara y enfática, y pone de presente que la degradación democrática en el vecino país está llegando a un punto de no retorno, en el que el temor por una explosión social que lleve a un enfrentamiento violento en las calles entre las fuerzas gobiernistas y las de la oposición crece día tras día. Pese a ser consciente de ese riesgo, el régimen de Maduro no da su brazo a torcer y lejos de atender los llamados para respetar los derechos humanos y cesar las persecuciones a los contradictores, opta por profundizar sus maniobras políticas, jurídicas, electorales, propagandísticas, sociales y económicas para aumentar la polarización. Incluso, en una táctica conocida desde tiempos chavistas dirigida a exacerbar los ánimos nacionalistas, en las últimas dos semanas tanto Maduro como Cabello han lanzado frases desafortunadas sobre Colombia, sobre todo en medio de la controversia por el aumento de las deportaciones de nuestros nacionales desde ese país.
La crisis democrática venezolana llega a extremos realmente insólitos. Por ejemplo, a hoy no se sabe si se realizarán los comicios parlamentarios que, en principio, deberían efectuarse a finales del año. Caprichosamente las autoridades electorales, de primacía gubernamental, han dilatado fijar la fecha de la cita en las urnas, en una actitud que los partidos de la oposición no dudan en calificar como la evidencia tácita de que el Palacio de Miraflores sabe que podría sufrir allí un revés político sustancial, producto del clima de ingobernabilidad, desabastecimiento y crisis económica.
De igual manera, la negativa días atrás a que los expresidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga (boliviano) pudieran visitar en prisión a los líderes opositores Leopoldo López y el exalcalde Daniel Ceballos, pone de presente que el Gobierno venezolano está lejos de enviar una señal de cambio y sentido humanitario, más aun mediando la huelga de hambre del primero y la presión de las marchas multitudinarias que se han vuelto pan de cada día en todo el país.
Sin embargo, por más que se encierre en su caparazón gubernamental, el gran interrogante es hasta cuándo podrá seguir manteniéndose la indiferencia de Maduro frente a las peticiones nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos. Sobre todo porque la oposición está demostrando no sólo un mayor nivel de coherencia y unidad de acción, sino que las medidas de represión y persecución contra la misma no están aminorando a quienes urgen un cambio estructural en Venezuela.
Por lo pronto, es claro que el Gobierno venezolano ya no podrá escudarse en que las críticas externas son apenas casos aislados. Los 27 exmandatarios que se pronunciaron al comienzo de la semana, por más que militen en distintas corrientes políticas, coinciden en que la fachada democrática no puede esconder un régimen venezolano cada vez más déspota. Un señalamiento que no puede ser esquivado ni neutralizado con la recurrente ofensiva discursiva populista y desafiante, que ya no convence ni a las propias bases chavistas, que sufren, al igual que todo el país, los rigores del desabastecimiento y la crisis económica.