* Los tres grandes desafíos para gobernaciones y alcaldías

* Superar cortocircuitos entre esferas nacional y regionales

Uno de los cuellos de botella más fuertes de la gestión de los gobernadores y alcaldes que se posesionaron el 1° de enero de 2020 fue, sin lugar a dudas, que dos meses después se desencadenó la crisis pandémica que se impuso como prioridad gubernamental en los niveles nacional, departamental y municipal, desplazando muchas de las promesas electorales y énfasis fijados por los entonces mandatarios regionales y locales. Si bien en las asambleas y concejos se aprobaron los respectivos Planes de Desarrollo Territoriales, no se puede desconocer que dichas hojas de ruta quedaron subordinadas al plan de contingencia para enfrentar la emergencia sanitaria. Esto llevó a que la implementación de los mismos quedara, no en pocos casos, a mitad de camino en gran parte del cuatrienio.

Afortunadamente, los alcaldes y gobernadores que se posesionaron el pasado 1° de enero han tenido un escenario de inicio de periodo menos traumático, salvo crisis puntuales en materia de picos de inseguridad y orden público en la mayoría del país. Precisamente por ello es que hay una gran expectativa respecto a lo que será la aplicabilidad de los Planes de Desarrollo Territoriales que acaban de ser aprobados en la mayoría de las jurisdicciones departamentales y municipales. De hecho, el plazo final para que cabildos y dumas los viabilizaran venció el pasado 31 de mayo.

Visto todo lo anterior, son tres los grandes desafíos que dichas administraciones tienen ahora que cuentan con sus respectivas hojas de ruta, una vez sean sancionadas y que entren en vigencia, un trámite ya en marcha.

El primer y más importante reto es el compromiso de pasar de las promesas a los hechos. Gobernadores y alcaldes están llamados a cumplir con sus respectivos planes al pie de la letra, sin excusa alguna. Para ello es necesario que la ciudadanía, los concejos y asambleas, los gremios y demás instancias políticas, económicas, sociales, comunitarias, organizaciones no gubernamentales e institucionales ejerzan un papel más activo en la vigilancia de la ejecución de los programas y proyectos contemplados. También se requiere que la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo sean más dinámicas en la evaluación de desempeño permanente de las administraciones departamentales y municipales, así como en poner lupa a la veracidad de las cifras e informes de resultados que dan los mandatarios seccionales y locales en las jornadas de rendición de cuentas que, lamentablemente, continúan teniendo un enfoque muy formal y expositivo, sin mayor escrutinio ni verificación.

En segundo lugar, resulta claro que el principal factor para el cumplimiento de las metas de los Planes de Desarrollo Territoriales está relacionado con la disponibilidad presupuestal. Aquí hay una preocupación creciente, ya que las federaciones de gobernadores y alcaldes han alertado que las finanzas en esos niveles están empezando a tornarse críticas. Aunque todavía no hay cifras concretas, en no pocos departamentos se advierte que la desaceleración económica y productiva ha disminuido los volúmenes de recaudo tributario y menguado otras fuentes de recursos oficiales. También es claro que el gobierno Petro, al igual que sus antecesores, no ha cumplido con la promesa de reformar el Sistema General de Participaciones y otros mecanismos de situado fiscal que definen el nivel de transferencias presupuestales de las esferas del Gobierno Nacional Central a las regiones. Incluso, hay alarmas tempranas respecto a lo que será el impacto en materia de recursos en las jurisdicciones territoriales de las reformas pensional, de educación, laboral y de salud, entre otras. El panorama se complica aún más por la crisis de las finanzas nacionales, el congelamiento presupuestal anunciado la semana pasada por el Ministerio de Hacienda y la preocupación sobre qué sectores se verán afectados por un recorte de más de 20 billones de pesos este año.

Por último, pero no menos importante, está la urgente necesidad de que, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, se active un programa de coordinación efectiva entre el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Territoriales. El país ha sido testigo en los últimos meses de cortocircuitos entre la Casa de Nariño y algunas gobernaciones y alcaldías capitales, e incluso de una lesiva tendencia de la primera a saltarse o afectar la autonomía de las segundas. Nada más desinstitucionalizador y grave para la eficiencia de la cosa pública que esta falta de interacción funcional entre los distintos niveles de la administración oficial.

Así las cosas, hay que hacer votos para que el arranque en firme de las gobernaciones y alcaldías, ya con hoja de ruta a bordo, sea lo más proactivo posible y los Planes no se queden en el papel. Todo depende de cómo se afronten los señalados desafíos.