Si hay alguna coincidencia entre los expertos en materia de seguridad ciudadana es que no hay medidas mágicas para acabar de un día para otro con los principales fenómenos de delincuencia, ya sea común u organizada.
En ese orden de ideas, los robos a restaurantes, casos de sicariato, fleteos y otros delitos de alto impacto registrados en las últimas semanas en la capital del país ponen en evidencia la necesidad de que la nueva estrategia de seguridad de la Administración distrital, lanzada hace pocas semanas, acelere su implementación.
Aunque es entendible que todo modelo estratégico, sobre todo en un flanco tan complicado como este, requiere un lapso de tiempo prudencial para activarse y empezar a dar los resultados esperados, la situación en la ciudad se está tornando cada vez más crítica y obliga a que tanto desde la Alcaldía como la Policía Metropolitana y demás organismos de seguridad pongan en marcha, aquí y ahora, acciones extraordinarias.
De hecho, ya algunas voces plantean que se analice la posibilidad de pedir el apoyo de las Fuerzas Militares para patrullar en las zonas de mayor incidencia delictiva. No hay que olvidar que esas labores de acompañamiento castrense están autorizadas por la legislación e incluso por una sentencia de la propia Corte Constitucional.
Asimismo, es urgente que el Gobierno nacional entre a apoyar de manera más decidida a las autoridades distritales. No solo es necesario aumentar el pie de fuerza policial, sino que se requiere una asignación más contundente de personal de inteligencia, apoyo aéreo, recursos tecnológicos y redoblar el control en las cárceles.
En el Congreso, incluso, volvieron a escucharse ayer las voces a favor de que la capital pueda tener su propio departamento policial, tal como ocurre en muchas metrópolis del mundo. De hecho, cursa un proyecto al respecto.
También deben tenerse en cuenta las posturas de algunos gremios y empresarios que se muestran prestos a colaborar con el Distrito si llegan a ser convocados para poner en práctica medidas de choque que frenen esta complicada coyuntura.
Ese plan de contingencia es aún más imperativo ante el alud de reacciones, sobre todo en las redes sociales, de ciudadanos desesperados que plantean que es hora de que las personas se armen e incurran en la mal llamada y abiertamente ilegal ‘justicia por mano propia’.
Visto todo lo anterior, es claro que Bogotá urge acelerar la nueva estrategia de seguridad y convivencia ciudadana, acudiendo para ello a medidas extraordinarias.