Todo un desafío institucional el que se asumió en la capital del país con la adopción del llamado Plan de Acción de Bogotá, mediante el cual se busca priorizar el combate a los delitos de más alto impacto, en este caso el hurto de teléfonos celulares en el sistema Transmilenio, las multimillonarias estafas en la compra y venta de automotores así como la peligrosa expansión de las redes de microtráfico.

Según lo anunció la Fiscalía el viernes pasado, la prevalencia de estos delitos llevó a establecer un plan de priorización específico para combatirlos en la capital del país, aunque también se reforzará lo relativo a la lucha contra la explotación sexual y trata de personas, tráfico de migrantes, hurto electrónico a usuarios del sistema financiero, hurto de residencias, el llamado paseo millonario, falsificación de licencias de conducción, de tránsito y revisión técnico-mecánica, contratación pública y urbanizaciones ilegales. 

Lo más importante es que este proceso de priorización no es improvisado ni producto de subjetividades. Todo lo contrario, el ente acusador tras un análisis pormenorizado de criminalidad, encontró que el 68 por ciento de informaciones sobre hechos delictivos en la ciudad está referido a hurto (55.376 casos), estafa (15.226 casos) y tráfico de estupefacientes (4.017 casos).

La clave en cada uno de estos casos es que no se atacará cada caso de manera aislada sino que se buscará, con base en la información ya recogida y las nuevas operaciones, desactivar toda la estructura delincuencial alrededor de cada fenómeno. Es lo que se llama la estrategia de “contexto” en la que se ha enfocado la Fiscalía bajo la gestión de su actual titular, Eduardo Montealegre.

En el caso de los teléfonos, por ejemplo, la Fiscalía advierte que no solo se trata del hurto en sus diferentes modalidades, sino de la cadena criminal que está ligada a la receptación, manipulación y remarcación del equipo, para finalmente comercializarlo dentro del país o en el extranjero.

No menos grave es lo relativo a la estafa en la compra y venta de autos, una mafia que, según cálculos de las autoridades, podría estar moviendo más de un billón de pesos. Y qué decir de las redes de tráfico de estupefacientes, en donde ya se detectó la existencia de cruentas luchas por el ‘control territorial’ en las localidades.

La Seccional Bogotá de la Fiscalía es la primera que realiza este tipo de estudio de criminalidad y de los resultados que el Plan de Priorización dé en la ciudad, depende en buena medida lo que pase en el resto del país con esta estrategia del ente acusador que, para el caso de la ciudad, contó con la participación de la Policía, la Alcaldía Mayor, la Alta Consejería para la Seguridad Ciudadana y la Convivencia de la Presidencia de la República, la Secretaría Técnica del Comité de Priorización y el CTI.

Como se ve, 2014 será un año clave para la lucha contra los principales factores de criminalidad en Bogotá y serán las estadísticas y la percepción ciudadana las que darán el dictamen sobre la eficacia de la nueva estrategia de la Fiscalía.