Los tratadistas jurídicos suelen afirmar que el acatamiento por parte de la ciudadanía del cuerpo normativo vigente, depende no tanto de la cantidad de leyes y reglamentaciones que existan para castigar a quienes los violan, sino del nivel de consciencia que tiene cada persona sobre el deber de respetar esas reglas generales de convivencia. Es a ello a lo que los sociólogos suelen denominar “cultura de la legalidad”, un concepto que se concreta en el día a día cuando una persona cumple las normas por tener consciencia de que ese es el justo proceder, y no simplemente por el temor a ser objeto de castigo si las contraviene o por el hecho de estar ante la presencia de alguna autoridad vigilante.

¿Tienen los colombianos “cultura de la legalidad”? Esa es una pregunta muy difícil de responder por cuanto así como es cada día más evidente que hay un respeto mayor por las leyes, sobre todo en lo relacionado con hechos graves que impacten a la sociedad en su conjunto, también es claro que persiste una laxitud frente a otros comportamientos que aunque la gente es consciente de que son ilegales, no por ello evita caer en los mismos o los denuncia cuando está en su presencia.

Y este último caso es, precisamente, el que se ve todos los días en cualquier calle de nuestro país frente a la compra y venta de productos falsificados o que violan flagrantemente los derechos de marca y de propiedad intelectual. Ya es común escuchar en los comercios segundo tras segundo que un producto vale un dinero por ser de “marca” u “original”, y otro menor por ser “chiviado”, “pirata” o de contrabando.   

Lo cierto es que la piratería en materia de productos y prestación de servicios es un mal endémico en Colombia, pese a que en la última década se avanzó fuertemente en materia de normas para hacer valer los derechos de propiedad intelectual, creativos y de protección de marca.

El tema se volvió a poner sobre la mesa ahora que se lanzó otra campaña para crear consciencia ciudadana sobre los peligros y afectación que implica la piratería. Bajo el nombre “Hagas lo que Hagas Juega Limpio”, las entidades públicas y privadas que la impulsan advierten que la venta de productos falsificados tiene alcances tan graves que, incluso, en 2013 más de 10 millones de personas resultaron afectadas de distinta manera. La cifra es la suma de los registros de los afectados de varios sectores que padecen del fenómeno. A ello se suma que las pérdidas de los diferentes sectores de la economía nacional en el último año ascendieron a más de US$ 720 millones.

La campaña, bajo el liderazgo de la Presidencia de la República, quiere concienciar a todos los ciudadanos para que hagan sus compras de forma legal y puedan disfrutar de la calidad y seguridad de los productos originales.

Una campaña que se suma a otras iniciativas como aquella llamada “No Hay Derecho”, tiene como objetivo promover las buenas prácticas corporativas y la toma de conciencia sobre el respeto a la propiedad intelectual y los derechos de autor.

Como se dijo al comienzo, lo importante aquí es que esas iniciativas realmente toquen la fibra íntima de cada persona, de lo contrario será imposible fortalecer una “cultura de la legalidad”, la misma que hoy hace patente su debilidad cuando cifras millonarias se mueven en la compra y venta de productos falsificados en semáforos, comercios informales y hasta en los formales.