- Un atentado a la confianza ciudadana
- Antídotos drásticos de organismos de control
La pócima de la corrupción, aparte de las incidencias catastróficas que tiene y mucho más cuando se trata de esquilmar al Estado, produce una erosión de dimensiones gigantescas en la confianza del pueblo en las instituciones. Es por tanto lo que podríamos llamar un crimen de lesa patria, por cuanto atenta directamente contra el corazón y la razón de ser de la vida colectiva. Es decir, una traición en toda la línea. En consecuencia, no solo es una conducta ilícita con los fines protervos de robar al erario, para el lucro personal, sino que ese procedimiento criminoso, con los funcionarios públicos de protagonistas, afecta la credibilidad de los colombianos en el pacto social del cual hacen parte. Y a partir de ahí comienza a instalarse la anarquía. Por eso hay que producir acciones y castigos en tiempo real, tanto para reducir prontamente a los responsables, como para que la ley y la justicia sirvan de acicate y factor disuasivo a fin de que ello no vuelva a ocurrir.
En los tiempos de crisis actual, cuando el país hace parte de la tragedia planetaria del coronavirus, faltaría más que las autoridades correspondientes fueran a ceder un ápice ante semejante infamia. Aprovecharse de los cargos públicos para conseguir excedentes ilícitos a propósito de subir los precios de los alimentos en los contratos para atender a la población más vulnerable, así como meter mano en las ayudas monetarias a los campesinos y otras necesidades de salud e higiene similares, no puede tener sino el nombre de los roedores en las alcantarillas. Bien tiene razón, pues, el presidente de la República en usar los calificativos a los que ha venido recurriendo para que los culpables de semejante bandidaje tengan, también, la sanción social debida: vampiros.
Por fortuna y tal vez por primera vez, de modo efectivo, los organismos de control y la Fiscalía General de la Nación se han unido irrestrictamente en el propósito de no ceder un milímetro. Las sanciones fiscales, disciplinarias y penales, acorde con las atribuciones de cada entidad, pero con la fórmula de actuar en conjunto, envían una señal perentoria y práctica en la dirección correcta. Esto no solo hace parte de la independencia, pero también de la cooperación que deben tener los diferentes organismos del Estado, según reza la Constitución, sino que es un dique de contención primordial y en favor de la consigna que debe ratificarse en letras de mármol: “los recursos públicos son sagrados”. Todavía con mayor razón cuando hoy, antes que tales despropósitos inmisericordes, lo que se requiere es de vocación humana, ética y solidaria como parte esencial del servicio público.
Por eso ver involucrados en los tejemanejes antedichos a gobernadores y alcaldes, quienes además deben su cargo al mandato de velar ante todo por el pueblo, exige una acción estatal drástica inmediata, incluidos sus cómplices de la órbita privada. Así, efectivamente, han procedido la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, de consuno con la Fiscalía, porque no se trata de actuar por el hilo más delgado, sino por aquellos que tienen las más grandes responsabilidades en atender la crisis. Desde luego, se debe precaver el debido proceso, pero hoy en día la sola sospecha de que hay funcionarios de cualquier nivel y cualquiera sea la localidad, de la de mayor magnitud a la de menor rango, actuando de mala manera, debe prender todas las alarmas institucionales automáticamente.
Como lo ha dicho el Procurador, Fernando Carrillo, tampoco puede ser que con las ayudas estatales y las donaciones de tantos colombianos algunos servidores públicos estén tratando, asimismo, de sacar tajada política en busca de adhesiones personalistas y de devolver favores de campaña. Eso, cualquiera sea la instancia en que se esté haciendo, no es sino la muestra clara de una nefanda politiquería. Ni al contrario y de la misma manera, puede permitirse que quienes ostentan cargos de elección popular, así sea en los niveles inferiores, se activen veladamente para fomentar asonadas, como se ha denunciado su ocurrencia en algunos lugares urbanos con el propósito de aparecer falsamente de redentores. Está bien sabido que la decisión incólume del país es la de amparar a los más desfavorecidos y quien pretenda torcer ese propósito nacional en sus anhelos personalistas tiene, también, que ser motivo de sanciones.
Los valores más importantes del Estado, para sortear la crisis impredecible del coronavirus, radican en la confianza y la credibilidad ciudadanas. Cualquier conducta, pública o privada, que atente contra esas fuentes, base de la legitimidad estatal, tiene que tratarse como un veneno igual de grave a la pandemia. Por fortuna, así lo han entendido los organismos de control.