* Más sanciones a conductores ebrios
** Insistir en concienciación ciudadana
El país ha sido testigo de miles de tragedias causadas por conductores ebrios. Prácticamente no hay día en que alguna calle colombiana deje de ser escenario de accidentes viales en donde la llamada mezcla de “alcohol y gasolina” sea la principal causa. Pese a las múltiples campañas en los últimos años para que quien ingiera bebidas embriagantes no maneje, y desafiando los castigos cada vez más drásticos para los conductores borrachos, aún existe una preocupante cantidad de personas a las que no les importa ponerse al comando de un vehículo estando bajo los efectos del licor.
Las estadísticas de la Policía de Carreteras señalan que en lo corrido de 2012 se han impuesto más de 25 mil multas por este concepto. Igualmente se estima que son 853 los accidentes causados en estas circunstancias, que han dejado 262 muertos y centenares de heridos. Incluso, en el puente festivo de la semana pasada 1.109 conductores fueron sancionados por incurrir en esta grave falta. Otro dato revelador: si bien los índices de accidentalidad se redujeron en esos tres días, el 40 por ciento de los percances viales fueron causados por choferes alicorados.
En el período legislativo que está terminando y ante el clamor de las autoridades y la ciudadanía, el Congreso decidió que era hora de tomar medidas definitivas para frenar las tragedias causadas por conductores ebrios. Y lo hizo acudiendo a dos frentes. De un lado un proyecto de ley que imponía pena de cárcel a una persona por el solo hecho de conducir borracha, sin importar que haya causado o no un accidente o que éste dejara personas heridas o fallecidas. Y por otra parte, una iniciativa para aumentar, desde el Código Nacional de Tránsito, las sanciones administrativas a los infractores. Tras muchos debates y controversias, algunas con fondo jurídico y otras cargadas de tintes emocionales y coyunturales, el proyecto que imponía cárcel a quienes manejaran en estado de alicoramiento se terminó hundiendo por apenas un voto en la plenaria de la Cámara de Representantes, en tanto que en esa misma instancia la otra iniciativa recibió visto bueno definitivo en cuarto debate, lo que significa que en pocos días, una vez reciba sanción presidencial, entrará a regir.
No se trata de una norma más, ya que aumenta en forma drástica las sanciones. Por ejemplo, quien en un retén policial se niegue a hacerse la prueba de alcoholemia por ese solo hecho será multado y su licencia de conducción podrá ser suspendida por un período entre 5 y 10 años. De igual manera, se incrementaron los castigos a quienes sean encontrados manejando ebrios, sin importar el grado de alcohol que tengan en la sangre. La nueva legislación no sólo cobijará a quienes estén al mando de automóviles, camionetas y otros automotores, sino también a los conductores de motocicletas. Todo ello está complementado en una reclasificación de la licencia, de forma tal que si hay reincidencia en las infracciones de tránsito, se podría llegar al extremo de perderla de forma definitiva. Y a ello se suman disposiciones en materia de profesionalización de conductores de servicio público y otras medidas dirigidas a una mayor seguridad vial.
Es claro que se trata de sanciones ejemplarizantes que deberán producir un efecto disuasivo importante. Pero lo más prioritario no termina siendo que haya más severidad contra los conductores borrachos, sino que éstos y toda la ciudadanía entiendan que manejar bajo los efectos del licor es un peligro para todos: choferes, pasajeros y transeúntes. Hay que seguir trabajando en las campañas de concienciación y cambio de patrones culturales. No bajar la guardia en este frente, porque lo que necesita el país no es más personas presas y sancionadas, sino menos accidentes y tragedias en las vías.