* Costosa factura del congelamiento de tarifas en 2023

* Más factores inflacionarios para el segundo semestre

La decisión del Gobierno en torno a incrementar a partir de mañana el precio de los peajes tendrá un efecto inflacionario inesquivable. El reajuste sería del 4,64% y aplicaría a los corredores viales administrados por el Invías y los concesionados.

Desde comienzos de año se sabía que sería necesario aplicar una segunda alza, adicional a la que empezó a regir el 15 de enero, cuando las tarifas se incrementaron en 13,2%, correspondientes a la inflación de 2022.

Este inédito incremento se debe a la necesidad de compensar los recursos que se dejaron de recibir en 2023 cuando el Ejecutivo, contrariando conceptos técnicos y alertas gremiales, congeló las tarifas de peajes, generando un déficit billonario imposible de asumir por el erario.

De hecho, se esperaba que este segundo reajuste fuera de 9,28%, es decir lo que creció el costo de vida el año pasado. Sin embargo, el Ejecutivo decidió aplicar por el momento solo la mitad de ese porcentaje sin que esté claro cuándo se empezará a cobrar el restante.

Se trata no solo de un golpe a la rentabilidad del sector transportador, sino al bolsillo de todos los colombianos. Lo que se paga en peajes constituye el 20% de la canasta de precios de la movilización de mercancías y víveres por las carreteras. Ya las empresas del sector advirtieron que lo más seguro es que ese costo adicional, que se suma a otros sobreprecios que soporta dicha actividad productiva, se termine trasladando a los usuarios finales. Esto implica, entonces, que muchos productos, bienes y servicios se encarecerán en este segundo semestre, presionando al alza una inflación que, en mayo, dejó de caer y en junio empezó a subir, rompiendo la tendencia del último año.

Una vez más queda claro que la determinación gubernamental de congelar las tarifas de peajes el año pasado fue un costoso error. Es innegable que se agravó el hueco fiscal, ya sea por los recursos que dejó de recibir la Nación en las carreteras que administra el Invías o por la obligatoria compensación que debió hacerse a las concesiones viales por los recursos que no recibieron durante ese año. Los cálculos del impacto van desde los 750 mil millones de pesos a cifras billonarias.

A todo lo anterior se debe sumar el efecto que pueda tener en la canasta del transporte y la familiar el aumento en el valor del diésel, que se hace obligatorio ante el preocupante incremento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Si no se disminuye el costoso subsidio, el hueco aumentaría este año en 12 billones de pesos.

El Gobierno y el gremio transportador llevan varios meses negociando el monto y cronograma mensual de este incremento. La idea, según el propio Ministerio de Hacienda, sería reajustar el valor del galón en $6.000 entre lo que resta de este año y comienzos del próximo, para dejarlo por encima de los $15.000, en un proceso similar al aplicado a la gasolina desde el año pasado hasta unos meses atrás.

El panorama difícilmente puede ser más complicado en esta materia. Por un lado, porque la Casa de Nariño arrastra una creciente crisis fiscal, agravada este 2024 no solo por la caída del recaudo tributario (alrededor de 15 billones de pesos en el primer semestre), sino porque ya es evidente que el recorte de 20 billones de pesos aplicado hace dos meses en los gastos del gobierno nacional central terminó siendo insuficiente. De hecho, varios centros de estudios económicos y el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal han advertido que se requiere un apretón más drástico. Aunque el Ejecutivo cree que acudiendo a un mayor endeudamiento externo podría tapar parte de ese déficit, lo cierto es que la nación no puede seguir asumiendo el costo billonario de subsidios al diésel como tampoco pagar lo que se dejó de recibir por el congelamiento de peajes del año pasado.

Así las cosas, una vez más queda en evidencia que los bandazos en la política económica gubernamental y el impacto de medidas claramente populistas y antitécnicas terminan teniendo, a mediano y largo plazos, un efecto lesivo cuyas consecuencias no solo las paga el erario, sino también toda la población, ya sea a través de un mayor costo en los productos, bienes y servicios que demanda a diario, sino por cuenta de una caída en picada de la inversión social, como se constata en el proyecto de Presupuesto General para 2025 que radicó el Ministerio de Hacienda en el Congreso el lunes. Dicha carta de gastos no solo está desfinanciada en más de 12 billones de pesos, sino que depende de la aprobación de una eventual segunda reforma tributaria, la cual no tiene ambiente político alguno en el Parlamento y sería casi suicida con una economía en descolgada que, a duras penas, crecería este año un pobrísimo 1,5%. Como se ve, el Gobierno va de descache en descache.