Los tratadistas suelen coincidir en que una de las mayores falencias del sistema democrático de cualquier país radica en no contar con partidos y movimientos políticos estructurados en materia programática y de organización interna.

En Colombia, en las últimas dos décadas se ha avanzado en cimentar una normatividad que permita fortalecer las instituciones partidistas, sobre todo ante la explosión de organizaciones y movimientos, lo que dio lugar a tener en determinado momento más de 60 con personería jurídica reconocida y capacidad de avalar candidatos a cargos de elección popular. Hizo carrera, entonces, la lesiva expresión de una “ola de partidos de garaje”, que así como aparecían un mes desaparecían al otro.

Mediante distintos caminos, en especial desde la entrada en vigencia del umbral electoral y la firma de pólizas para garantizar la seriedad de las candidaturas, ese número de partidos se redujo de manera sustancial. Paralelamente otras reformas a la organización de los partidos han ido forzando a las colectividades a que no sólo se creen con vocación de permanencia sino que definan de una manera más clara su plataforma ideológica, los mecanismos de toma de decisiones, la democratización interna, el orden contable y financiero e incluso la disciplina de sus dirigentes y elegidos, mediante figuras como la Ley de Bancadas y los castigos a la doble militancia.

Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer, sobre todo en las colectividades más jóvenes, pues aquellas con mayor tradición histórica tienen un sendero organizativo interno más consolidado.

Entre esas falencias uno de los temas que más preocupa es el referido a que en Colombia los partidos y movimientos aún no logran confeccionar una información sólida sobre sus militantes y afiliados. En otros países, sobre todo europeos, las colectividades dan prioridad a este aspecto, no sólo para poder desarrollar una comunicación más directa y de doble vía con sus respectivas bases, sino porque eso les facilita  consultarles decisiones internas y posturas en temas coyunturales.

En nuestro país, como lo indicó un informe publicado en este Diario en su edición del jueves, ya hay pasos hacia ese objetivo. En julio pasado el Consejo Nacional Electoral emitió la Resolución 1839 que estableció el sistema de identificación y registro de los afiliados a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Aunque hasta el momento no se ha completado ese proceso, algunas colectividades le han pedido a la organización electoral que permita que en los comicios de Congreso o en los presidenciales se pueda capturar esta información, que obviamente no es obligatoria para el ciudadano votante.

Sería importante que se avance más rápido en esta materia, pues, por ejemplo, una consulta interna partidista no será totalmente fiable hasta que la colectividad y la organización electoral garanticen que quienes participan en la misma son ciudadanos que han oficializado su afiliación y militancia en ese organización política específica. Hoy cualquier persona puede pedir en la mesa de votación el tarjetón de una consulta interna, sin tener que demostrar que pertenece al partido que la convocó.