*Se lucran los intermediarios
*Realidad económica y el desafío agrícola
Es evidente que los trastornos económicos y sociales que se derivan de los múltiples problemas que aquejan el campo, junto con la violencia que en diversas regiones se ha padecido durante años, como la debilidad de la infraestructura vial en gran parte de nuestro territorio periférico, el elevado costo del combustible, de los productos químicos y falta de tecnología para producir más y más barato, como la ausencia de incentivos para quienes trabajan de sol a sol y son víctimas de los intermediarios, agravan la situación social de las familias y de los propietarios y trabajadores. La cadena de intermediación que tiene mucho que ver con los grandes comerciantes de alimentos, no favorece por lo general al pequeño productor. Resulta sorprendente que en algunas zonas de Santander los productos agrícolas como la zanahoria estén por debajo de los precios de hace diez años, en tanto lo que consumen subió en determinados casos cinco y hasta diez veces más. Los pequeños productores que antes en 10 años lograban ahorrar para dar la cuota de una modesta vivienda, hoy en 15 años a duras penas consiguen la suma equivalente. Lo anterior, que se repite fatalmente en otros casos, deteriora las posibilidades económicas de los pequeños productores.
Los intentos de romper con la cadena de intermediarios han fracaso numerosas veces, Corabastos, en Bogotá, debería facilitar la compra a los consumidores y en la práctica, ocurrió a la inversa, allí a los pequeños productores les pagan sumas ruinosas. En Estados Unidos, cuna del capitalismo, se promueven precios favorables a quienes compren en las zonas de producción y se establecen negocios por cuenta de los mismos donde se vende más barato que en las ciudades, en tanto se garantiza la frescura y calidad del producto. Así como existen estímulos para aquellos que cultivan de manera natural y no emplean fungicidas mortales para la salud. Uno de los más grandes problemas que tienen los campesinos es el del manejo del agua, cuando en Colombia se pueden producir las mangueras y los aparatos rústicos para extraerla y facilitar el riego en los campos, uno de los mayores retos en determinadas épocas del año.
El paro agrario se ha convertido en una presión sobre el Gobierno nacional que no se logra conjurar en cuanto tiene ingredientes de cálculo político, que determinan que a cada elección se produzca un desafío, en cuanto consideran que es más fácil doblegar la voluntad de los funcionarios públicos que se envían a sortear obstáculos.
Los voceros del paro han declarado numerosas veces que no aceptan como interlocutores válidos a los representantes de los gremios, puesto que consideran que no defendieron sus intereses y les faltó carácter en la negociación de los TLC, incluso en los acuerdos recientes de la Alianza del Pacífico. Los gremios niegan esos cargos y sostienen que han actuado con firmeza e inteligencia, incluso se señala que varios de ellos han tenido serios enfrentamientos con el Gobierno.
Se desconocen los amplios conocimientos del ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y piden su cabeza, cuando su obra social de años en ese campo es de los aportes más valiosos que se han efectuado en el país por cuenta del sector privado. Así como se le pretende satanizar por querer invertir en las zonas de la periferia, donde está en gran parte el futuro promisorio del país para autoabastecerse y exportar.
Los aspectos básicos que reclaman los agricultores se pueden abocar sin ir a un paro epileptoide que agrava los males y lleva a fórmulas apresuradas o inconvenientes. El Gobierno, contra los que aducen sus críticos ha cumplido en parte sus compromisos. Algunos no dependen de su voluntad, en cuanto no controla los precios agrícolas internacionales. Están contra algunos tratados como el TLC con Estados Unidos, país al que se le da el trato de Nación menos favorecida, se quejan de los problemas que tendrán con la Alianza del Pacífico, donde alegan que no se negoció. El Gobierno considera que eso no es viable, por ahora, en tanto amenaza el modelo económico. Y la sociedad reclama que se defienda el orden y que se resuelvan los asuntos sin ir a paros y desmanes en las calles. Algunos sectores del agro están contra la minería y pretenden intervenir en los permisos, lo que se prestaría para situaciones perniciosas. Y van por más subsidios, así como pretenden que les condonen las deudas. Y los politiqueros quieren pescar en río revuelto.
Lo injusto del paro es que ningún otro gobierno ha invertido tanto como el actual en el agro.