Más peros externos a acuerdo Gobierno-Farc
No admiten impunidad a violadores de DD.HH.
El acuerdo de justicia del gobierno Santos con las Farc, que en su momento tuvo gran impacto internacional, tras la foto del jefe de Estado con el jefe de esa guerrilla, en La Habana, poco a poco ha venido perdiendo respaldo del exterior.
Por entonces, el país, en concordancia con las encuestas, estaba pendiente de si habría cárcel o no para los responsables de violación de derechos humanos, pero sabido que no la habrá, el bajo respaldo se mantuvo en los sondeos. Más aún cuando Human Rights Watch, la organización no gubernamental más influyente en el mundo sobre derechos humanos, se opuso rotundamente al tratamiento benevolente establecido tanto para los comandantes guerrilleros como para miembros de la Fuerza Pública que hubieran participado en actos delincuenciales. A ello, refiriéndose a la jurisdicción especial creada a los efectos, por acuerdo entre las partes, fue precisamente lo que HRW denominó “piñata de impunidad”.
En ese momento, hace unos dos meses, no mucha gente en Colombia puso atención a la advertencia y algunos, por el contrario, acusaron a esa ONG de maximalismo en la defensa de los derechos humanos. No obstante, en los últimos días, la situación internacional ha venido dando un viraje sustancial y en la mayoría de los casos países y organismos multilaterales vienen situándose, a su modo, en la misma línea de HRW. Incluso ayer se conoció un informe de Amnistía Internacional en igual sentido, al considerar que las sanciones contempladas en el acuerdo Gobierno-Farc no son proporcionales a la gravedad de los delitos.
Las primeras voces de alerta, en el plano externo, provinieron del Parlamento Europeo, a finales del año pasado, que si bien no tuvieron repercusión en Colombia, se dieron dentro de la última visita del jefe de Estado al viejo continente. En esa ocasión, aunque se anunciaron algunas ayudas financieras al proceso de paz y España quedó de coordinadora ante la Unión Europea, aquellas voces parlamentarias dijeron que no se podía adelantar el plan monetario hasta que no se tuviera certeza de que los violadores de derechos humanos tuvieran el castigo efectivo, inclusive dentro de los cánones de la justicia transicional.
Al parecer todo habría quedado ahí. Pero en los recientes acontecimientos de celebración del Plan Colombia, en Estados Unidos, el secretario de Estado, John Kerry, si bien se mostró auspicioso con la paz, como el mismo presidente Barack Obama, dijo ante el mandatario colombiano que el gobierno norteamericano esperaba la sanción debida a quienes en manera tan grave hubiesen violado los derechos humanos, veladamente mostrando una opinión desfavorable al pacto en La Habana.
De hecho, hace una semana, la partida presupuestal solicitada al Congreso por Obama para Colombia, en la que se elevó un 22% el aporte al Plan, contiene fundamentalmente respaldos financieros al Ejército y la Policía para continuar la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de los cultivos ilícitos. Frente a la paz, decidió una partida exclusiva para el desminado y otra para el respaldo a las víctimas, pero en ningún momento se aceptó el estipendio que el ministro de Defensa colombiano había asegurado iría a sostener eventualmente a las Farc en las zonas de despeje, localización y desmovilización.
Un par de días después dos poderosos parlamentarios nombrados de voceros del partido Demócrata y Republicano, a los efectos en el Congreso, dieron una rueda de prensa conjunta en la que señalaron categóricamente que la ayuda financiera de 400 millones de dólares podría tener graves obstáculos en caso de que no se castigaran adecuadamente y tuvieran la sentencia debida los violadores de los derechos humanos.
Como si fuera poco, anteayer el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, sustentada en el Estatuto de Roma, firmado por Colombia, sostuvo que hay una obligación y necesidad de imponer penas ejemplares a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad para que realmente exista la garantía de no repetición. Y aseguró que Colombia seguía bajo la estricta vigilancia de ese alto tribunal.
Inclusive previo a los anteriores, el propio papa Francisco, un par de días antes de conocerse el pacto de La Habana, dijo, desde Cuba, que el proceso no debería permitirse un fracaso pero que igualmente debería adelantarse dentro del “respeto de la institucionalidad y del derecho nacional e internacional, para que la paz sea duradera".
Así las cosas, parecería estar tomando cuerpo un plebiscito desde el exterior en el sentido de que el acuerdo de justicia resulta excesivamente laxo, aun entre quienes quieren sinceramente la paz y la concordia en Colombia.