- Un paro tan cíclico como desgastado
- Urge replantear política con resguardos
Una vez más el paso en la vía Panamericana, que es la columna vertebral del transporte de carga y pasajeros en el suroccidente del país, se encuentra bloqueado. Una vez más son las comunidades indígenas las que protagonizan el taponamiento de la neurálgica carretera. Una vez más los líderes de los resguardos advierten que la “minga” se citó porque el gobierno de turno o los anteriores no han cumplido los acuerdos suscritos en sucesivas protestas. Una vez más las autoridades advierten que no permitirán que la manifestación continúe acudiendo a las vías de hecho y, por lo tanto, urgen que se despeje la autopista o será necesario hacer uso de la fuerza legítima del Estado para hacerlo. Una vez más el gobierno de turno enfatiza que no se sentará a dialogar con líderes de la protesta sino cuando cesen los cerramientos. Una vez más desde el Ejecutivo nacional se responde que los compromisos adquiridos se han cumplido o están en proceso de serlo, razón por la cual no hay motivo fundado para esta nueva huelga. Una vez más los gobernadores de departamentos como Cauca, Valle y Nariño lanzan alertas sobre la grave afectación por el bloqueo vial. Una vez más los líderes regionales acusan a los jefes de los resguardos de mantener bajo permanente presión al Gobierno nacional central para seguir ganando prevalencia en materia de asignación de tierras y otras ayudas estatales. Una vez más voceros de movimientos políticos en la zona recalcan que hay maniobras electorales detrás de la convocatoria a la “minga”, en especial de movimientos de izquierda, sobre todo porque estamos a siete meses de los comicios de octubre. Una vez más las empresas de transporte, los comerciantes, industriales y demás rubros productivos alegan que cada día de paro les genera millonarias pérdidas y exigen que la Casa de Nariño tome medidas más eficaces para forzar la reapertura de la Panamericana…
Como se ve, el taponamiento de la importante vía es una de esas crisis cíclicas en Colombia. Prácticamente no hay año o semestre en que los movimientos indígenas no acudan a tapar la Panamericana para exigir el cumplimiento de compromisos por parte de las autoridades nacionales y regionales. Y ya es reiterada la respuesta de las esferas gubernamentales de turno advirtiendo que no hay tal y que, por el contrario, la acción positiva del Estado sobre los resguardos es superlativa, incluso por encima de las políticas oficiales para apoyar o superar las problemáticas de otras minorías.
En esta ocasión el bloqueo en la Panamericana tiene motivaciones sui géneris. Además del mismo pliego de peticiones relacionado con promesas incumplidas en materia de tierras, presupuestos de inversión, seguridad y fortalecimiento del régimen de autonomía, suman exigencias referidas al Plan Nacional de Desarrollo -en discusión en el Congreso- y hasta hablan de su oposición a las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)… En fin, un universo de reclamaciones que es muy difícil satisfacer en el corto tiempo y que, si se hiciera, marcaría un claro desequilibrio en la acción estatal frente a otros sectores poblacionales que también sufren falencias.
Advertía esta semana un habitante del Cauca, fuertemente afectado en su rutina laboral por el bloqueo en la Panamericana, que si bien respetaba el derecho a la protesta de los indígenas, estos no hacían lo propio con los derechos del resto de los habitantes del suroccidente del país. Varios líderes gremiales, entre tanto, sostenían que ya la paciencia del resto de la población se estaba agotando y era urgente tomar medidas para evitar una asonada de gran espectro contra las movilizaciones indígenas. Y no han faltado las voces que han planteado que el problema radica en que la Panamericana es la única vía eficiente en la zona pero si se rehabilitaran otros tramos viales o incluso se proyectara una autopista alterna, todo el lío con las recurrentes protestas de los resguardos se acabaría, pues podrían manifestarse sin que ello implique impactar y paralizar a cuatro o cinco departamentos.
En ese orden de ideas, al gobierno Duque le quedan dos alternativas. La primera, sentarse a dialogar con los líderes de la protesta indígena para alcanzar un nuevo acuerdo que tenga a bordo instancias que garanticen su cumplimiento. O, dos, generar un nuevo marco de interacción con los resguardos que lleve a una política estatal de más largo plazo, integral y equilibrada, que supere esa visión de los pactos cortoplacistas que, por lo general, son los que dan lugar a las polémicas sobre nivel de cumplimiento y los consecuentes paros, tan reiterados como ineficaces a la luz de los hechos.