* Maduro inclina la mesa en su favor
*La debilidad de Biden abre caminos al fraude
A menos de dos semanas, los comicios presidenciales de Venezuela emiten más mensajes de alarma que de tranquilidad. El primero y principal temor de propios y extraños es que, como ocurrió en la elección y reelección de Nicolás Maduro, el próximo 28 de julio se produzca otro fraude monumental. Eso sí se llevan a cabo, porque crecen rumores de que el masivo apoyo a la oposición podría llevar al régimen chavista a cancelarlos.
En todas las encuestas se vaticina el triunfo arrollador −con márgenes de entre 20 y 40 puntos− del candidato opositor, el exdiplomático Edmundo González Urrutia, de 74 años de edad. La dictadura venezolana respondió a esa nueva realidad de forma enérgica utilizando todos los medios a su alcance para inclinar la cancha en favor de Maduro.
La primera estrategia fue descalificar a los candidatos más opcionados de la oposición, la ultra favorita María Corina Machado −elegida en las primarias del 22 de octubre con más de 90% de apoyo− y a Corina Yoris, postulada después para sucederla. No se descarta que hagan lo propio con González, a pocos días de la elección.
Maduro ya produjo otro enorme asalto previo al resultado electoral al sacar de la contienda a la mayoría de los venezolanos en el exilio. De los 27 millones de habitantes que tenía ese país, casi 8 millones, agobiados por la miseria y el desgobierno, han huido a otros países. El régimen creó una enorme maraña de requisitos para impedir su participación el 28 de julio, tan contundente y efectiva que, de un universo de 4,5 millones de posibles votantes, solo se lograron inscribir sesenta y nueve mil personas, lo cual equivale a la eliminación directa de 20% del registro nacional electoral.
Al mismo tiempo están levantando agresivas barreras dentro del país para atrofiar y dificultar la participación de votantes de la oposición, que desde la introducción del voto electrónico están identificados y empadronados por la autoridad electoral. Acumulan a la fecha la reducción de más de 15.000 centros de votación con tendencia opositora y el simultáneo aumento de colegios electorales bajo el control de Maduro. Igualmente, impulsan la reubicación masiva de votantes, arbitraria y sin previo aviso, y el cambio de nominación de puestos de votación, en busca de crear confusión y desorden en la jornada electoral. Como en las ocasiones anteriores se esperan, además, intimidaciones y ataques físicos a los opositores por parte de los colectivos chavistas.
Maduro vaticinó en un mitin reciente que el régimen ganará las elecciones “a las buenas o a las malas”. Nada de qué sorprenderse, más aún con un gobierno del cual varios de sus principales dirigentes enfrentan cargos internacionales por narcotráfico y que, además, actúan como quieren, ya que controlan la justicia, el ejército, la policía, todas las fuerzas de seguridad y, por supuesto, también la autoridad electoral.
Todo esto ocurre en abierta y desafiante violación del Acuerdo de Barbados suscrito con la oposición en 2023, con el acompañamiento de varios países. Pero en términos prácticos ocurre por la debilidad del gobierno de Joe Biden, quien tras la guerra de Rusia y Ucrania antepuso los intereses energéticos de Estados Unidos a la lucha por la democracia de Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo. A la firma del acuerdo levantó las duras sanciones que pesaban sobre la dictadura, sumando concesiones tan sorprendentes como la liberación de Alex Saab, el mayor testaferro de la corrupción chavista, pieza clave para dar cuerpo a las investigaciones contra Maduro y otros líderes. Tras la descalificación de Machado a comienzos de este año reimpuso algunas sanciones, un anuncio apenas artificial porque dejó abierta a empresas petroleras la posibilidad de mantener sus negocios.
Nunca la oposición venezolana había estado más unida ni había demostrado un respaldo popular tan contundente como ahora. Pero los escenarios más probables para el 28 de julio parecen ser otro fraude descarado, eliminación vía judicial de la candidatura de González o la suspensión de las elecciones, en medio de la pasividad de Estados Unidos y la comunidad internacional. No es un pronóstico de mal agüero. Es que a la fecha ya se acumulan múltiples y muy graves atropellos, dentro de la más absoluta impunidad. Como tantas cosas en el oscuro régimen venezolano, desde el aciago 2 de febrero de 1999 cuando Hugo Chávez llegó al poder en ese país.