·         Asoma drástica temporada invernal

·         Formular ya el plan de contingencia

En un país como Colombia que en la última década ha avanzado de manera sustancial en materia de prevención y atención de desastres, al punto que tiene  un sistema nacional de gestión de riesgo,  la confirmación esta semana tanto por autoridades meteorológicas de Estados Unidos como de Colombia en torno a que ya existe un 76 por ciento de probabilidades  de que en el segundo semestre de este año se registre el fenómeno climático de La Niña, debe llevar a prender todas la alarmas desde ya para evitar que se repita la tragedia ocurrida entre 2010 y 2011. Como se recuerda, en ese lapso, esta anomalía climática golpeó duramente al país, en una de las épocas invernales más graves en lo corrido de este siglo, dejando decenas de muertes, miles de hectáreas inundadas, graves daños a la infraestructura regional y local que exigieron una inversión de más de 10 billones de pesos en materia de atención a emergencias, mitigación de daños, rehabilitación  y reconstrucción en centenares de municipios, labor que estuvo a cargo del programa-fondo  Colombia Humanitaria.

No en pocas ocasiones hemos advertido desde estas páginas que muchas de las tragedias derivadas de intensas olas de verano y de invierno no tienen su génesis en las propias variaciones extremas del clima, sino en las falencias en los planes de contingencia para hacerles frente, pese a que los fenómenos fueron advertidos con la debida antelación y desde distintas instancias del orden nacional,  departamental o municipal se indicó que se tomarían las medidas del caso para amortiguar o minimizar las consecuencias negativas de los embates de la naturaleza.

De la probabilidad de que La Niña se presente en la segunda parte de este año se viene hablando desde hace varios meses, incluso desde de febrero cuando el fenómeno de El Niño estaba en su punto de máxima maduración y la emergencia por la sequía, y la disminución drástica de las reservas de agua tenían al país al borde de un racionamiento eléctrico, con muchas poblaciones sometidas a cortes en el servicio de agua potable y una escalada inflacionaria muy drástica, producto

de la grave afectación de los cultivos de pancoger, por las altas temperaturas que se venían registrando desde finales del año pasado. Obviamente hablar del riesgo de un drástico invierno en el segundo semestre cuando se estaba sometido a un indeclinable verano, no llamó la atención de muchas instancias nacionales. Sin embargo ahora que El Niño entró en su etapa de debilitamiento y los escenarios de predicción climática concluyen que desaparecerá en junio o julio, e inmediatamente comenzará a acelerarse un enfriamiento en la temperatura del océano Pacifico tropical, la situación es distinta y no se puede soslayar ni minimizar ese campanazo de alerta.

Visto todo lo anterior el país tiene entre tres y cuatro meses para prepararse de forma adecuada a lo que será una segunda temporada invernal de 2016, con volúmenes de lluvia que muy seguramente van a superar los promedios históricos de pluviosidad, lo que es de ya eleva el riesgo de inundaciones, desborde de ríos y quebradas, derrumbes en zonas dependiente, afectación de la red vial e infraestructura de transporte,  alteración de los ciclos de cosecha y productividad en el campo y otra serie de consecuencias negativas producto del fenómeno climático inminente.

Es hora, entonces que el Gobierno nacional, con todos sus ministerios y agencias, formule un plan de contingencia climática, que sea de obligatorio cumplimiento para las gobernaciones y alcaldías. Un plan que debe prever las fuentes de financiación requeridas, señalar claramente las obligaciones a todo nivel y, de paso, pedir el acompañamiento de entidades como la Procuraduría para que, a manera de alerta temprana, se supervigile que las fases de prevención de daños invernales se lleven a cabo de manera oportuna y transparente. Debe quedarle claro a todos los funcionarios, sin importar su jerarquía que no pueden descuidarse en el cumplimiento de esta estrategia, so pena de drásticas sanciones penales, disciplinarias, administrativas y fiscales.

De otro lado si algo dejó en claro la campaña “Ahorrar paga” que se puso en marcha para incentivar que los colombianos hicieran un uso racional de agua y luz eléctrica entre marzo y abril pasados, cuando el riesgo de racionamiento era inminente, es que la ciudadanía sí atiende estos llamados. De allí que desde ya, y no cuando asomen las emergencias, debería pensarse en otra campaña similar para hacerle frente a los coletazos de La Niña.

La alerta, pues, está dada. Hay tiempo suficiente para preparar al país. No se puede fallar en este objetivo.