La violencia verbal suele ser la cuota inicial de la agresión física. Esa es una premisa que deberían tener en claro todas las personas que tienen trascendencia pública en los sectores políticos, económicos, sociales e institucionales del país.

Constantemente se escucha a los altos funcionarios de las instancias nacionales, departamentales y municipales, así como a los congresistas y líderes de los partidos políticos, al igual que a los gremios y organizaciones no gubernamentales de cualquier índole, condenar los actos de intolerancia y violencia que suceden con mucha frecuencia en nuestro país.

Paradójicamente, cuando se revisan los pronunciamientos e interacciones en las redes sociales de muchos de quienes tienen notoriedad pública se encuentra que, lamentablemente, incurren en el uso de adjetivos insultantes, descalificaciones y agresiones verbales que van más allá de los normales debates políticos e ideológicos que se pueden presentar en una sociedad tan polarizada como la colombiana.

No se le puede pedir a la sociedad que evite incurrir en actos de intolerancia y de agresión física, cuando sus líderes están a toda hora en un cruce permanente de acusaciones y graves improperios.

Lo ocurrido esta semana alrededor de las múltiples reacciones a hechos como las marchas masivas contra el Gobierno, los relevos en la cúpula del Ejecutivo y las polémicas por el trámite parlamentario de las reformas, pone presente que es necesario que quienes ocupan cargos de liderazgo y referencia nacional entiendan que su beligerancia verbal ya está sobrepasando los límites del respeto y las buenas maneras, y enviando un mensaje negativo a la población.

Las estadísticas sobre la conflictividad social reveladas esta semana por la Defensoría del Pueblo son absolutamente graves, sobre todo porque este tipo de contingencias aumentó un 43% el año pasado. Y en muchos de esos casos, la ciudadanía acudió a las vías de hecho para manifestar su inconformismo o exigir la solución a sus peticiones.

Continuamente, se escucha de los funcionarios del gobierno, parlamentarios, líderes gremiales, voceros institucionales y representantes de múltiples instancias en el día a día del país, que en esa clase de conflictos debe primar la posibilidad del diálogo y la concertación antes que proceder a las vías de hecho y las protestas violentas que terminan afectando a otros sectores de la sociedad. Es apenas obvio que para que esa clase de llamados tenga algún tipo de efecto es necesario que esos mismos líderes den ejemplo y actúen en concordancia en sus interacciones diarias, sobre todo porque tienen un gran impacto en la opinión pública.