Comienza este lunes la última semana del primer tramo de la tercera legislatura. El cierre del año en el Congreso está siendo muy accidentado, no solo por las múltiples controversias que se han generado alrededor de la aprobación de proyectos como el de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que únicamente está pendiente de la diligencia de conciliación entre el Senado y Cámara, sino por lo que pueda pasar con otras iniciativas claves para el Ejecutivo, como es el caso del proyecto de ajuste tributario o de “ley de financiamiento”, que tiene un marcado ambiente adverso entre los partidos independientes y de oposición, al punto que ni siquiera ha logrado consenso mínimo para radicar una ponencia de primer debate en las comisiones económicas conjuntas.
Otro tanto pasa con el proyecto de ley reglamentario de la Jurisdicción Agraria y Rural, que en la última semana ha sido objeto de múltiples alertas por parte de gremios, expertos, academia y parlamentarios, sobre todo por el riesgo de afectación de la propiedad privada y posibles facultades desproporcionadas a los jueces agrarios.
También está pendiente para este remate de legislatura el cuarto debate en plenaria de Cámara al proyecto de transfuguismo partidista que, aunque es objeto de críticas de muchas bancadas e incluso de señalamientos en torno a que solo favorece al Pacto Histórico, a la hora de las votaciones logra mayorías. La urgencia es dejarlo listo para retomarlo en segunda vuelta a mediados de febrero.
Igual ocurre con el proyecto de reforma política que el Gobierno presentó tardíamente. Ahora entra a cuarto debate en la plenaria del Senado y tiene el tiempo en contra para completar antes del 16 de diciembre su primera ronda, ya que es un acto legislativo.
Las otras dos reformas que la Casa de Nariño considera claves dentro de su agenda son la laboral y de salud. Aunque la bancada petrista tenía la aspiración de que la primera recibiera antes de terminar este año visto bueno en tercer y cuarto debates en el Senado, así fuera en sesiones extras, todo hace indicar que el proyecto de ley quedará ya para el segundo tramo de la legislatura, en febrero próximo. Igual pasaría con la iniciativa de salud, que sigue generando fuertes prevenciones y reparos por parte de los actores del sistema, gremios y los partidos independientes y de oposición.
En este largo listado de iniciativas en espera de ser aprobadas o avanzar en esta última semana y en las sesiones extras, falta por enumerar una serie de proyectos de ley y actos legislativos de origen parlamentario, muchos de los cuales han sido objeto de larga discusión en los meses recientes.
Frente a esta agenda tan apretada, en los últimos días se multiplicaron las voces de alerta sobre el riesgo de una ola de pupitrazos y de aprobaciones en bloque de articulados que, por sus amplias implicaciones, deberían ser analizados uno por uno, de forma detallada y profunda. La preocupación alrededor de esta recurrente mala praxis legislativa ha llegado al punto que, desde ya, algunos senadores y representantes anunciaron que demandarán las futuras normas ante la Corte Constitucional por evidentes vicios de fondo y forma.
Como si fuera poco, otros sectores han advertido de una alta probabilidad de que el Gobierno acuda a las consabidas maniobras clientelistas para conseguir apoyos en las comisiones y plenarias, esto a cambio del ofrecimiento de gabelas presupuestales y burocráticas. No tendría presentación que el Ejecutivo procediera en esta dirección, sobre todo después de una semana en la que el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres cobró su más alta cabeza hasta el momento, con la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien está señalado de haber participado, presuntamente, de un entramado de tráfico de influencias, coimas y direccionamiento presupuestal anómalo con destino a integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, así como a otros senadores y representantes. De estos, más de una decena ya se encuentran bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia, en tanto que en la Fiscalía hay varios altos exfuncionarios de la Casa de Nariño rindiendo cuentas e incluso ya con imputación de cargos.
Así las cosas, en medio de estos escándalos, lo que el país espera del Congreso en estos últimos días de trabajo legislativo en 2024 es que proceda con la máxima transparencia, profesionalismo y responsabilidad. De lo contrario, en pocos meses empezaremos a ver cómo las normas aprobadas en medio de maniobrerismo político, pupitrazos y atropellos a la oposición desembocarán en fallos de inexequibilidad de la Corte Constitucional y en más parlamentarios y altos funcionarios desfilando hacia los tribunales.