* El flagelo creció dramáticamente este año

* Urge un ajuste a la estrategia de seguridad

El peligroso reciclaje de la violencia regional y local no se detiene. Ya no solo se manifiesta en el aumento de masacres y asesinatos de civiles, líderes sociales y desmovilizados, sino también en un aumento de los delitos de alto impacto relacionados con el funcionamiento de grupos de delincuencia organizada como las disidencias y reincidencias de las Farc, el Eln, las bandas criminales de alto espectro (tipo ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Caparros), carteles del narcotráfico, minería ilegal, tala de árboles y otras actividades al margen de la ley.

Advertíamos al comienzo de la semana de las alertas tempranas que están prendiéndose por los picos de inseguridad urbana en algunas ciudades y municipios. Sin embargo, hay otras preocupaciones en materia de orden público y convivencia ciudadana. Por ejemplo, el desplazamiento forzado de población ha venido creciendo de forma alarmante.

Una prueba de ello son las cifras que al respecto se dieron a conocer el miércoles pasado en el marco del informe periódico que la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo y la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas presentaron sobre los avances y retrocesos del Estado en la reparación a los millones de colombianos afectados por el conflicto armado.

De acuerdo a lo revelado por los titulares de los entes de control, durante el primer semestre de este año se registraron 102 eventos de desplazamiento masivo y forzado de población. Casi 45 mil personas pertenecientes a 15.340 familias se vieron en la obligación de salir de sus sitios de residencia para escapar de la presión o la amenaza inminente por el accionar de grupos armados ilegales. Así las cosas, la primera mitad de este año se constituyó como un periodo crítico en lo que hace a este fenómeno, ya que en el mismo periodo del año anterior (mediando la cuarentena más drástica en el segundo trimestre) se registraron 51 eventos que afectaron a casi 14 mil personas de 4.311 familias.

De hecho, para dimensionar hasta qué punto el desplazamiento forzado y masivo de población está aumentando solo hay que revisar las cifras de la Defensoría sobre lo que ocurrió en todo el 2020, cuando se presentaron 90 casos con más de 28.500 víctimas de 8.192 familias. En otras palabras, entre enero y junio recientes se registró un volumen mayor de personas expulsadas por los violentos de sus lugares de habitación y trabajo que en los doce meses del año anterior.

El diagnóstico continúa siendo el mismo: los grupos ilegales que combaten entre sí o tratan de intimidar o subordinar por la fuerza a la población civil para asegurarse el dominio de los corredores del narcotráfico, minería criminal, contrabando, tala de árboles y otros delitos de alto impacto son los principales instigadores de esta grave situación que, como si fuera poco, va asociada con otras tanto o más peligrosas como masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, secuestros, extorsión, reclutamiento de menores y hasta violencia sexual.

Lo peor es que cuando estas organizaciones criminales no fuerzan el desplazamiento de decenas, centenares o miles de personas, entonces generan la circunstancia contraria, pero igualmente atemorizante: los confinamientos de población en cascos urbanos, corregimientos y veredas, en donde nadie puede salir de sus casas o las cabeceras por temor a los combates entre ilegales o retaliaciones de estos sobre los civiles. Otro flagelo es el que se da más a nivel local y se denomina desplazamiento intraurbano, es decir cuando personas o familias enteras tienen que cambiar de barrio o localidad por presión o temor a las bandas de microtráfico, sicariato o extorsión…

Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander, Cauca o Valle son las zonas que este año han resultado más afectadas por los desplazamientos forzados, creando crisis humanitarias y sanitarias de alto calibre, sobre todo en medio de la pandemia.

Si bien es cierto que la Policía y las Fuerzas Militares han estado prestas para intervenir en las zonas en donde sus habitantes tienen que huir para salvar sus vidas y les garantizan un retorno seguro, lo más preocupante es que hay regiones en donde esta situación de está volviendo recurrente. Se requiere, por lo tanto, una acción más decidida de las autoridades civiles y la Fuerza Pública para hacer frente con más eficacia a este flagelo. De lo contrario, el país va rumbo a retornar a épocas aciagas en donde los violentos se apoderaron de extensas áreas, expulsando o incluso casi que esclavizando a su temerosa e indefensa población.