Positiva  la operación que realizó la Policía el jueves en un céntrico sector de la capital del país con el fin de detectar los locales en donde se podían estar vendiendo celulares robados. Se trató de un acción muy eficaz no sólo por lo sorpresiva, que evitó desórdenes como los que siempre se presentan cuando se realizan allanamientos a los llamados “sanandresitos” para detectar mercancías de contrabando, sino porque le demostró a la ciudadanía, gran parte de la cual sabe que en esa zona van a parar muchos de los aparatos robados, que no existe sitio en la ciudad en donde la autoridad no pueda hacer presencia e imponer la ley.

Lo importante ahora es aplicar toda la fuerza de la justicia a las personas que fueron capturadas en posesión de celulares robados. Tienen que ser judicializadas y castigadas de forma proporcional al delito. No hay que olvidar que muchos de los hurtos de celulares han terminado con heridas y hasta asesinatos de las víctimas. Por igual, como lo faculta la norma legal, los locales en donde se encontraron estos artefactos ilegales tienen que ser sometidos a procesos de extinción de dominio. En la medida en que se evidencia que las autoridades y el aparato judicial actúan con drasticidad, entonces esas zonas en donde los delincuentes creen que pueden operar con un margen de impunidad, se acabarán de forma rápida y efectiva.

Por igual, es necesario que esta clase de operativos se realicen de forma permanente y siempre sorpresiva, para que los nichos delincuenciales no vuelvan a ‘funcionar’ en cuestión de semanas. No se está hablando aquí de un asunto menor, pues la misma Policía indicó que en el operativo del jueves se recuperaron  más de 6.500 celulares avaluados en 2.400 millones de pesos. No hay que olvidar que el año pasado a más de 900 mil personas les robaron su teléfono celular, lo que evidencia que estamos frente a un delito millonario y de alto impacto.