Son dos flagelos que más han venido avanzando en Colombia, la obesidad y el sobrepeso, lo cual no solo es grave por ser ambas circunstancias factor de riesgo para el padecimiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, cáncer y otras patologías, sino porque, además, el costo del tratamiento médico impone cargas económicas muy altas al sistema de salud.

Desde el 2009 está en rigor la ley 1355 de 2009, cuyo principal objetivo es, precisamente, que se genere una política transversal para que la obesidad sea considerada un problema de salud pública de alto impacto y, por lo tanto, se active un conjunto de medidas multidisciplinarias con miras a combatir sus causas y consecuencias.

Sin embargo, al tenor de una reciente decisión de la Corte Constitucional, dicha normatividad todavía se encuentra a medio camino en cuanto no solamente a su reglamentación, sino en lo referente a la de asumir a la obesidad y el sobrepeso como problemas de salud que tienen efectos en múltiples flancos.

Al resolver una acción de tutela interpuesta por una mujer a la que su EPS le había negado un pedido para analizar si podía ser objeto de una cirugía bariátrica para tratar su obesidad mórbida, el alto Tribunal no solo ordenó que le realizaran las evaluaciones del caso por un equipo médico multidisciplinario, sino que advirtió que el Estado no estaba cumpliendo con ver esta patología como un problema de salud pública pese a que afecta a un porcentaje creciente de la población, que por esta circunstancia médica sufre afectaciones físicas y psicológicas, que se traducen en una limitación para vivir en plenitud, tanto en adultos como en niños.

Por lo mismo, la Corte llamó la atención al Gobierno nacional, respecto del deber que tiene de reglamentar y promover políticas públicas sobre alimentación saludable, actividad física y educación en cuanto a los riesgos asociados a los malos hábitos de consumo. Un llamado que también implica a las EPS y las IPS, es decir, al personal médico, así como clínicas y hospitales. Advierte el alto Tribunal que, si bien se han implementado medidas para prevenir la obesidad, aquellas no han sido suficientes y ahora el padecimiento de la enfermedad permeó a la población en conjunto. De hecho, se trajo a colación que la obesidad y el sobrepeso afectan al 56,4% de los colombianos.

Es imperativo que desde el Ministerio de Salud se dé una respuesta urgente y concreta al llamado de la Corte. No puede quedarse esta alerta, como tantas otras, en el aire.