Si bien los distintos tópicos de la lucha contra el narcotráfico siempre están sobre la mesa, sobre todo en un país que ha sufrido miles de muertes y pagado altos costos por los efectos devastadores del accionar de los carteles y sus demás derivados delincuenciales, es claro que hay una coyuntura que hace más trascendental esta discusión.

De un lado, los negociadores del Gobierno y las Farc están abordando en estos precisos momentos el análisis del punto de la agenda referido a cómo enfrentar la problemática de la cadena de producción de las drogas ilícitas y qué hacer con los miles de campesinos que trabajan en los narcocultivos. De igual manera, la semana pasada los presidentes de Colombia y Estados Unidos se reunieron en Washington y uno de los temas centrales fue la evaluación de la lucha antidroga. Y, como tercer elemento, hay inquietud en todo el continente no sólo por la forma en que los nichos de producción y tráfico de marihuana, cocaína y heroína han migrado de un país a otro, sino porque en naciones como Uruguay se abren inciertos caminos de legalización, en este caso específico del cultivo, comercialización y consumo de cannabis. Y todo ello en momentos en que la atribulada sociedad mexicana sigue dividida entre quienes consideran que hay que reforzar el combate a los cruentos carteles y aquellos que alertan que el país está pagando una alta cuota de sacrificio sin que se vean resultados efectivos en esta cruzada.

En medio de ese escenario resulta de trascendental importancia el 54º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la OEA, que arranca mañana en la capital del país.

Además de asumir la presidencia de esa instancia interamericana, el país podrá, de acuerdo a lo anunciado por la propia Cancillería, seguir impulsando el debate hemisférico sobre cómo alcanzar una mayor eficacia para enfrentar el problema mundial de las drogas desde la perspectiva de la salud pública y los derechos humanos.

Para avanzar en ese horizonte es clave la lectura que se haga del Informe sobre el Problema de las Drogas en las Américas. Se trata de una investigación encargada a la OEA durante la Cumbre de las Américas que se celebró en Cartagena el año pasado. Como se recordará en dicho evento, y ante la presencia de presidentes como el estadounidense Barack Obama, el mandatario de nuestro país advirtió que a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades continentales, el negocio de las drogas ilícitas seguía pujante así como la drogadicción, razón por la cual era necesario abordar nuevas ópticas para aumentar la eficacia contra este flagelo. En ese orden de ideas, el presidente Santos propuso una discusión abierta y global, sin sesgos ideológicos o políticos, rigurosa y basada en la evidencia sobre los costos y beneficios de cada alternativa para acabar con el narcotráfico.

De allí la importancia de la reunión de la Cicad así como de la presencia de cargos del nivel del secretario general de la OEA y del Director Adjunto de la Oficina Nacional del Control de Drogas de los Estados Unidos, entre otros.

La discusión alrededor de cómo hacer más eficiente la lucha contra el narcotráfico sigue pues su rumbo y qué mejor manera de profundizar el debate que hacerlo desde escenarios globales y siempre bajo la tesis de alcanzar y concretar consensos regionales para luego llevarlos al seno de las Naciones Unidas.