- Gran soporte del plan de contingencia sanitario
- Doble esfuerzo en medio de emergencia inédita
La emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 ha movilizado a la institucionalidad colombiana en una dimensión sin precedentes. No hay entidad del orden nacional, regional o local que no esté utilizando todos sus recursos presupuestales, técnicos y humanos para contribuir, en su respectivo rol funcional, en el plan de contingencia que se está implementando para no sólo frenar la curva de contagios y fallecimientos, sino también amortiguar el duro coletazo económico y social de esta inédita emergencia.
Así como en estas páginas hemos destacado la forma en que la mayoría de los colombianos ha cumplido con la cuarentena y las demás restricciones, más allá de los casos puntuales de indisciplina social, también es claro que la institucionalidad está evidenciando, bajo el liderazgo de la Presidencia de la República, en coordinación con gobernaciones y alcaldías, que el Estado Social de Derecho es una realidad actuante y vigente, y no una mera enunciación de retórica constitucional.
Dentro de toda esa movilización de esfuerzo institucional hay algunas instancias que merecen una distinción especial. Obviamente, al frente del listado está el personal sanitario que se encuentra la primera línea de batalla contra el Covid-19. Decenas de miles de hombres y mujeres que arriesgan a diario sus vidas y las de sus familias en pos de salvaguardar las del resto de la población. Si bien es cierto que en el marco de los dos Estados de Emergencia Económica y Social declarados por el Gobierno para hacer frente a la pandemia se ha dirigido una significativa cantidad de recursos para mejorar la eficiencia del sistema de salud así como para superar en alguna porción las deficiencias en materia de garantías de bioseguridad y condiciones laborales para todos los trabajadores del sector, todavía falta un camino por recorrer en ambos frentes.
En la misma línea del personal sanitario se debe ubicar a la Fuerza Pública colombiana, que si bien a lo largo de las décadas siempre ha respondido como soporte de la legitimidad institucional del Estado, por más difíciles que fueran las amenazas, en medio de la emergencia sanitaria ha demostrado una capacidad de compromiso superlativa para con toda la población en la que es, sin duda, la más grave emergencia de las últimas décadas. Conmueven las imágenes de soldados, agentes y demás personal del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía entregando mercados en los sitios más recónditos del país. Impacta por igual ver a todas las ramas de las Fuerzas Armadas colaborando en el plan de atención sanitaria, ya sea trasladando pacientes e insumos médicos a lo largo y ancho del territorio, o salvaguardando a las brigadas de funcionarios del sector salud y las administraciones locales y seccionales que se despliegan para llevar mercados, entregar subsidios y realizar pruebas de detección del virus en las grandes ciudades, los municipios intermedios, las zonas rurales y los sitios más alejados en donde la presencia del Estado es hoy más urgente que nunca.
También han sido los uniformados los encargados de vigilar que los colombianos cumplan con las medidas de aislamiento social y las cuarentena, no sólo en cuanto a garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en el marco de esta complicada coyuntura sanitaria, social y económica, sino también en la aplicación de la ley a los infractores de las medidas de prevención. En esa función, efectivos militares y policiales se han infectado e incluso perdido la vida, tal como ha pasado también con el personal sanitario y administrativo que está en el frente de batalla contra el virus.
Obviamente este rol protagónico de las Fuerzas Militares y de Policía en medio de la pandemia se ha cumplido de forma paralela a su función primaria de lucha contra los factores de criminalidad común y organizada. Las estadísticas sobre disminución en el último trimestre de la incidencia de varios delitos de alto impacto así como los golpes certeros asestados al Eln, las disidencias de las Farc, las bacrim y las mafias de narcotráfico y minería ilegal, son la evidencia de esa eficacia de la Fuerza Pública.
Obviamente no han faltado los escándalos y las actuaciones individuales anómalas y condenables. Sin embargo, se ha visto una disposición rápida a los correctivos y se espera que la justicia aplique las sanciones y condenas del caso.
Esos lunares, en modo alguno, eclipsan el papel esforzado y comprometido de la Fuerza Pública en medio de esta grave emergencia. Un papel silencioso y sacrificado que muchas veces no es reconocido de forma expresa y abierta por la ciudadanía. Sea, entonces, este el momento de relievar al personal uniformado y agradecerle porque, una vez más, se evidencia como el garante de la institucionalidad colombiana y soporte del plan de respuesta a las amenazas más graves al país.