* Crisis en proceso de negociación con Eln
* Improvisación oficial en un tema crucial
La accidentada política de “paz total” atraviesa su crisis más grave en dos años del gobierno Petro. Hacen agua los flancos de diálogo o negociación con la guerrilla del Eln, los grupos residuales de las Farc, así como con bandas criminales de alto o mediano espectro, esto mientras la situación de orden público y seguridad ciudadana se continúa deteriorando gravemente en todo el territorio, sobre todo en el suroccidente del país en donde las Fuerzas Militares y de Policía desarrollan una ofensiva a gran escala para tratar de contener la escalada terrorista de las disidencias de las Farc. Además, hay un boom de minería ilegal y, sobre todo, de narcocultivos, esto último producto no solo de la controvertida decisión gubernamental de disminuir a su mínima expresión la erradicación forzada de sembradíos ilícitos, sino de una Fuerza Pública que tiene restringida su operatividad por los improvisados ceses el fuego con varios grupos armados ilegales.
Hemos reiterado que la principal falencia de la estrategia oficial es su estructuración débil y gaseosa, derivada del afán del Ejecutivo por avanzar las tratativas en medio de la confrontación militar o mediando treguas endebles en las que temas cruciales no se precisaron, especialmente los mecanismos de verificación del cumplimiento de la suspensión de operaciones ofensivas.
La principal prueba de ese grave yerro son las treguas con el ‘Clan del Golfo’, el Eln y las disidencias de las Farc o ‘Estado Mayor Central’ decretadas por el Ejecutivo de manera intempestiva a finales de 2022. De entrada, la primera de esas guerrillas dijo no haber acordado nada al respecto con el Ejecutivo, en tanto fue evidente la sorpresa de las Fuerzas Militares, los gobiernos regionales y hasta de los países y entes multilaterales que actuaban como acompañantes o garantes de las conversaciones.
El resultado de esa improvisación fue crítico y en efecto dominó. La tregua con el ‘Clan del Golfo’ tuvo que ser levantada por el Gobierno en marzo de 2023 por cuanto continuaba delinquiendo y hasta presionando ‘paros armados’ para frenar los operativos contra la minería criminal.
Con las disidencias el cese el fuego, que comenzó en octubre del año pasado y fue prorrogado en enero último, tampoco ha funcionado, no solo porque lo utiliza para fortalecerse militarmente y ampliar sus rentas ilícitas −lo que llevó a suspender la tregua en el suroccidente del país−, sino porque el grupo residual terminó por dividirse y a hoy no es claro qué facciones siguen en el proceso y cuáles no.
Paradójicamente, se pensaba que el cese el fuego con el Eln era el más potable, pero la realidad muestra lo contrario. Iniciado en agosto del 2023 y prorrogado en enero pasado, ese proceso de paz está al borde de la ruptura, debido a que en un hecho casi insólito y producto de la improvisación en la “paz total”, el secuestro no se proscribió desde el día uno de las tratativas, a finales de 2022.
Pese a las advertencias de distintos sectores nacionales para que el Ejecutivo dejara en claro que el cese el fuego debía incluir no solo la tregua militar, sino la suspensión de las hostilidades contra los civiles, incluyendo no más plagios, ciclo tras ciclo de negociación ese tema siguió en el aire en medio de continuos los rifirrafes entre las partes y la actitud desafiante de los cabecillas del Eln en torno a que solo dejarían de secuestrar si se les otorgaba financiación económica, incluso acudiendo a crear un Fondo Multidonante internacional para los efectos.
Como era apenas obvio, dicha exigencia ha sido rechazada reiteradamente tanto por la opinión pública como por la comunidad internacional, dado que ningún país puede financiar a un grupo con estatus de terrorista y menos a cambio de no incurrir en un delito violatorio del Derecho Internacional Humanitario.
Sin embargo, la ambigüedad del Alto Comisionado de Paz como del jefe de la delegación gubernamental para hacer valer esa tesis vital en la mesa ha llevado a que el Eln, que había suspendido los secuestros ‘temporalmente’ en enero pasado (presionado por el impacto nacional e internacional del plagio del padre del futbolista Luis Díaz), ahora anuncie que volverá a esta práctica ilegal porque no se les ‘cumplió’ con el Fondo Multidonante, pese a que desde un principio se sabía la inviabilidad de tal propuesta.
Es evidente, que la negociación si vuelven los plagios no puede continuar. Hacerlo no solo sería inaceptable y riesgoso para la sociedad colombiana, sino que significaría una involución para la institucionalidad y la vigencia del Estado de Derecho. Por ahora el Ejecutivo dice que no aceptará el regreso al secuestro e incluso advirtió que está en peligro el cese el fuego. Sin embargo, lo mismo indicó a mediados del año pasado y nunca se aplicó a esa premisa, llevando a meses de incertidumbre y crisis en un proceso que parece no tener norte preciso.