- Gobierno y Fecode a la mesa ¡ya!
- Riesgo de politización de la protesta
Días atrás la junta directiva de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) anunció la citación de un nuevo “paro nacional” de maestros de las instituciones públicas para el miércoles y jueves de la próxima semana. Según el sindicato del magisterio la jornada de protesta se justifica porque no se han concretado las soluciones definitivas al servicio de salud de los docentes y sus familias. Asegura que este continúa siendo deficiente, ya que a pesar de las protestas anteriores y los acuerdos establecidos con el Gobierno sobre la materia, las entidades prestadoras del servicio médico-asistencial no cumplen puntualmente con los términos de los contratos, lo que genera negación en la entrega de los medicamentos, demoras en cirugías, dilación de tratamientos e imposibilidad para conseguir citas, entre otras falencias.
Según Fecode el Gobierno nacional, el Ministerio de Educación “como fideicomitente”, la cartera de Hacienda y la Fiduprevisora tampoco ejercen eficazmente su función de control y vigilancia frente a esta problemática. De igual manera, el sindicato de los profesores del sector oficial señala que hay fallas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y se niega a cualquier posibilidad de que este sea privatizado. Otro de los asuntos que se aducen como justificantes del paro de la próxima semana tiene que ver con un aumento en los hostigamientos, amenazas y asesinatos de líderes sociales, entre ellos los perpetrados contra maestros en Córdoba, Armenia y Cauca. Como en anteriores ocasiones, hay inconformismo del magisterio por los resultados de la Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativa, frente a la cual Fecode exige que se respete el derecho de los docentes al ascenso y reubicación. Por último, el sindicato asegura que mantiene el respaldo a los acuerdos firmados el pasado 15 de mayo (tras el último paro) y que apoya la reforma constitucional “consensuada” al Sistema General de Participaciones (SGP) que debe llevar a un incremento real y progresivo de los recursos que gira la Nación a departamentos y municipios para financiar la educación. Dicha reforma está en proceso de concertación -incluso con los maestros- y debe ser llevada prontamente al Congreso.
Tan pronto como se anunció este nuevo paro educativo, el Gobierno reaccionó por intermedio del Ministerio de Educación, aclarando puntualmente que frente a los problemas estructurales del servicio de salud para el magisterio se acordó con Fecode desde mayo pasado la creación de la “Comisión Nacional de Salud” con la participación de la Procuraduría, la Superintendencia de Salud, la Fiduprevisora, el Fomag, los operadores de salud y las firmas auditoras. La tarea de dicha Comisión es ir a las regiones a escuchar las problemáticas y buscar soluciones consensuadas. Hasta el momento se han realizado siete reuniones en distintas partes del país y hay más programadas.
En cuanto al tema de la seguridad de los profesores del sector público, el Ejecutivo indicó que ya se dictó una directiva ministerial orientada a las autoridades nominadoras sobre los traslados de los educadores en riesgo y se creó un comité nacional de seguimiento.
Para el Gobierno también es claro que los compromisos del 15 de mayo con Fecode se están cumpliendo y hay un seguimiento para garantizarlo. Puntos como la nivelación salarial de este año ya fueron resueltos así como otros asuntos sectoriales, en tanto se avanza en buscar consensos, incluyendo a los maestros, para la reforma al SGP.
¿Quién tiene la razón? Esa es la gran pregunta. Sin embargo, la respuesta no emergerá dejando sin clases dos días a más de 8 millones de estudiantes en escuelas y colegios públicos. Ya de por sí hay muchas alertas prendidas sobre las debilidades de los alumnos colombianos en las pruebas internacionales estandarizadas que miden su capacidad en ciencias sociales, matemáticas y comprensión de lectura.
Ambas partes dicen estar dispuestas a continuar con el diálogo y la concertación, y es claro que una nueva parálisis en las clases, tras la racha de los últimos tiempos, no parece ser el escenario más adecuado para concretar avances en la agenda. Igualmente no es conveniente que en plena época electoral se corra el riesgo de que el pliego de peticiones de los docentes oficiales se termine politizando por parte de algunas formaciones de izquierda que asumen esta problemática de forma abiertamente oportunista.
Queda una semana para la hora cero del paro anunciado. Tiempo suficiente para que las partes se sienten a la mesa, con la presencia activa de la Procuraduría y otras entidades de vigilancia y control, con el fin de determinar qué es necesario corregir a corto, mediano y largo plazos. Un nuevo paro solo dejará vencidos, especialmente a los millones de niños y jóvenes que verán, de nuevo, interrumpidos su pensum y ritmo de clases.