¿Qué es lo que pasa en La Guajira?

Desgastante e inútil cruce de acusaciones

“Se están muriendo de hambre. Ya hace mucho tiempo están padeciendo esa circunstancia. No tienen qué comer porque viven en un desierto. No tienen dónde trabajar. No tienen fuentes de trabajo. Están pasando hambre. No hay cultivos. No hay empleo. Entonces estamos al frente de una calamidad, una tragedia de grandes proporciones”. Esas son las palabras del secretario de Salud de La Guajira, Stevenson Marulanda, publicadas en el informe de ayer de este Diario en torno a la crisis que se está registrando en ese departamento por las denuncias de los últimos días sobre nuevos casos de niños muertos por desnutrición crónica y cuadros clínicos derivados de esa circunstancia. Aunque el Ministerio de Salud indicó que tres fallecimientos de los menores no se produjeron por desnutrición y que tenían otras enfermedades que lamentablemente causaron sus decesos, muchas voces en La Guajira replicaron esa explicación, señalando incluso que esas patologías fueron la consecuencia de la desnutrición de los niños y no la causa principal de sus muertes.

Sin embargo, más allá de quién tiene la razón en esta polémica, lo cierto es que toda la dirigencia regional advierte que hay personas muriendo de “física hambre y sed” en La Guajira. Las causas que se mencionan son tan graves como infinitas. Unos hablan de una sequía implacable producida por el fenómeno de El Niño que prácticamente acabó con todas las fuentes de agua disponibles y los pocos cultivos. Otros sostienen que en realidad la situación se deriva de una crisis estructural de un departamento en donde la cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado es muy deficiente. Tampoco faltan los que culpan de la emergencia al incumplimiento de las autoridades nacionales de su programa para poner en funcionamiento pozos de aguas profundas. Igual se escucha decir que tras el cierre de la frontera con Venezuela y la crisis económica que azota a ese país, mucha población indígena regresó a los resguardos y por eso las pocas reservas de alimentos y agua ya no dan abasto. Los partes médicos señalan que las comunidades están consumiendo aguas contaminadas y sin tratar, pese a las recomendaciones en contrario. Los afectados replican que, en realidad, el sistema de atención en salud es crítico y que prima la ineficiencia de las EPS, hospitales, clínicas y centros básicos y ambulatorios. No pocos sectores advierten que, en realidad, la culpa es de la dirigencia regional y la llamada ‘corrupción de cuello blanco’ que se queda con los recursos que deberían ser invertidos en las poblaciones más vulnerables. Igualmente hay quienes responsabilizan a las comunidades indígenas porque se acostumbraron a un estilo de vida dependiente del asistencialismo oficial. Algunos señalan que, en realidad, hay un abandono estatal de varias décadas que no se puede solucionar con medidas de emergencia y corto alcance, cuando lo que se requiere es un plan de choque de alto impacto, incluso con un documento Conpes a bordo…

En fin, hipótesis sobre lo que está ocurriendo en La Guajira sobran y puede que, al final, la causa de los casos crecientes de muertes de niños por desnutrición extrema o patologías asociadas a la misma respondan al escenario crítico que se genera por la mezcla de todas ellas. Sin embargo, la urgencia aquí no es saber a quién descargarle la culpa, pues esa responsabilidad es de los entes de control y vigilancia que, dicho sea de paso, también son fuertemente criticados por quienes los consideran cómplices pasivos o activos de la situación, al no actuar con más diligencia para vigilar la correcta inversión de los recursos públicos y el accionar de las entidades. La urgencia es evitar que niños sigan muriendo de “física hambre y sed” en un país que en pleno siglo XXI se precia de ser potencia económica emergente y publicita a los cuatro vientos avances en materia social, cobertura en servicios públicos, disminución de los índices de pobreza y desigualdad.

Es una vergüenza para el Estado, el Gobierno nacional, el departamental, los municipales, la dirigencia política, los entes de control y las propias comunidades que un menor de edad, que tienen derechos prevalentes, muera por esta o cualquier otra circunstancia. Una vergüenza que las excusas y cruces de acusaciones  no borran, sino que la hacen más evidente y dramática.