*Una problemática de marca mayor
*¿Persecución efectiva o legalización?
Faltando once meses para el cambio de gobierno, ya empiezan a hacerse en muchos sectores los respectivos cortes de cuentas sobre lo que se hizo y lo que no se hizo en los dos mandatos del actual Jefe de Estado. Dentro del listado de temas en los que, finalmente, parece que no se resolvió nada en concreto, hay varios que resaltan debido al impacto que tienen en el día a día de los colombianos. Uno de ellos es, precisamente, el de la problemática del mototaxismo en Colombia.
Esta modalidad de transporte se ha extendido de forma impresionante en centenares de municipios y no pocas capitales departamentales. Los cálculos sobre cuántas personas se dedican a movilizar pasajeros por dinero en motocicletas son muy disímiles debido no sólo a que se trata de una actividad ilegal, sino a que muchos de quienes se dedican a este oficio tratan de camuflarse lo más posible con el fin de no ser detectados por las autoridades de tránsito. Sin embargo, algunas investigaciones y estudios independientes han señalado que hoy por hoy podrían existir en el país cerca de un millón de mototaxistas que, a su vez, tienen familias que dependen de sus ingresos.
No es, en consecuencia, una problemática menor ni aislada. Todo lo contrario, hasta se ha detectado que existe un grado creciente de organización de los conductores en cooperativas y empresas informales, que compran y venden de forma subrepticia ‘cupos’ o ‘permisos’ para poder prestar el ‘servicio’ en determinadas zonas de municipios y ciudades grandes o intermedias. También se ha denunciado que en algunos casos las bandas criminales son las que se han querido adueñar de la operación de este negocio, utilizándolo incluso de fachada para otras actividades delincuenciales.
Los alcaldes y gobernadores en repetidas ocasiones le han exigido al Gobierno que tome cartas sobre el asunto, ya que si bien está claro que el mototaxismo no es una modalidad de transporte autorizada, no por ello ha decrecido. Todo lo contrario, se ha fortalecido en muchos municipios en donde cuando las autoridades de Policía y tránsito han querido hacer redadas contra los conductores, se han enfrentado a verdaderas asonadas que cuentan con el apoyo de los habitantes que a diario pagan por movilizarse en las motocicletas, ya sea porque es más barato que el servicio de buses, colectivos, taxis o sistemas articulados; porque simple y llanamente llegan más rápido a sus destinos; o, lo que es peor aún, porque no tienen otra alternativa para arribar a determinadas zonas pues nadie más les presta ese servicio.
Lo cierto es que hoy el mototaxismo es ilegal y los distintos proyectos tramitados en el Congreso para tratar de buscar una salida que lleve a su regularización se han hundido. El Ministerio de Transporte y otras entidades gubernamentales han advertido en repetidas ocasiones que no se ha pensado en legalizar esta actividad, ya que no cumple con los estándares básicos de una modalidad de transporte público de pasajeros. Por el contario, la orden a los alcaldes y la Policía es ser lo más drásticos posibles con quienes se dedican a esta labor. Pero -negarlo sería ingenuo- muchos mandatarios locales prefieren no tomar medidas represivas debido a que, de un lado, saben que se enfrentarían a una protesta popular de imprevisibles consecuencias y, de otro, son conscientes de que detrás del mototaxismo hay toda una problemática socioeconómica amplia, sobre todo de personas que no encuentran un modo distinto de ganarse la vida al no poder acceder a empleos formales y rentables. A todo ello debe sumarse que muchas de las empresas de taxis, buses, colectivos y servicios articulados culpan al Estado de no tomar medidas eficaces para acabar con esta competencia desleal e ilegal, en donde, además, los pasajeros de las motocicletas no cuentan con seguros que los amparen en casos de accidentes o muerte…
Como se ve, el mototaxismo se ha convertido en un problema de marca mayor para las autoridades nacionales, regionales y locales. Pese a su ilegalidad, crece día tras día, al tiempo que la cantidad de clientes también aumenta, así como las familias que dependen de los ingresos de los conductores de las motocicletas. Lamentablemente faltando apenas once meses para que termine este doble gobierno, ya parece que el asunto seguirá en el limbo y que le corresponderá a la próxima administración analizar qué camino coge: persecución efectiva y sin tregua, o una alternativa de regularización viable y garantista de los derechos de los pasajeros y demás modalidades de transporte.
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