Es imposible, por no decir demencial o al menos inconveniente, adelantar una verdadera planificación urbana estratégica, en Bogotá, sin una profunda conciencia ambiental de base. El mundo contemporáneo exige que cualquier modelo citadino se fundamente en el desarrollo sostenible, cuya esencia, para el caso, es la preservación de los servicios ecosistémicos y los derechos colectivos a un ambiente sano.
El Distrito Capital, a no dudarlo, tiene una huella ecológica principal privilegiada, producto de su poderosa estructura natural compuesta de cerros, páramos, humedales, bosques nativos, arroyos y ríos, haciendo parte, de alguna manera, de la cuenca de la Orinoquía y que precisamente resuelve el misterioso interrogante de cómo se levantó una urbe de semejante tamaño en las inabordables alturas de los Andes.
Hoy esa planificación estratégica tiene elementos adicionales a considerar, como que, desde ya y hacia el futuro, tiene que mitigar y adaptarse al cambio climático. Todo ello, por supuesto, en aras de defender principalmente los recursos hídricos, cada vez más amenazados, y proteger e incrementar los sumideros forestales a fin de reducir los gases de efecto invernadero.
Por eso, el tema de la redensificación citadina tiene que seguir esa línea estratégica antes que ser, simplemente, una normativa para aglutinar habitantes sobre la base de edificios multidimensionales de gran altura, sin que por lo demás se cuente con los debidos requerimientos de movilidad y manejo del espacio público. Está bien, por supuesto, adoptar ese concepto para impedir la expansión urbana sobre la Sabana de Bogotá y aprovechar la capacidad instalada de los servicios públicos. Pero producirlo sin por ejemplo seguir criterios de gradualidad, comenzando por las áreas efectivas de menor densidad poblacional, en la periferia del centro de la capital, es por lo menos incongruente con lo que se busca. Demostrado está, por ejemplo, el reversazo que debió darse recientemente por la excesiva densificación de sectores como Cedritos donde, en un acto de sensatez, hubo de regresarse a edificios de máximo seis pisos, luego de generar una colmena ambientalmente insostenible. Lo mismo, claro está, como se ha permitido, en las últimas décadas, en amplios sectores de Suba.
Continuar ese camino está a punto de ocurrir con la aplicación del Decreto 562 del 2014, que lanzaría a varios sectores, adecuadamente planificados, por la borda del caos. Barrios completos de Kennedy, Engativá y Usaquén, cuyas casas se edificaron en su momento dentro de elementos rescatables de la planeación urbana, lo mismo que lotes de antiguos edificios o construcciones de conservación, para ser moles de cemento con decenas de pisos, de acuerdo con el cálculo perimetral y frente a los parques es, a no dudarlo, atentatorio del medio ambiente. Y, por lo demás, abre camino al “capitalismo salvaje”, con una distorsión abrumadora del mercado, sin regulaciones mínimas.
De hecho, lo que la ciudad necesita es lo contrario en aquellos lugares que requieren una mayor protección ecosistémica. Véase no más el caso de los Cerros Orientales, desde el centro histórico hasta la salida a Chía, para entender que allí, además de salvaguardar las mismas reservas naturales, hay que generar las condiciones de una “zona amortiguadora ambiental”, de la carrera séptima hacia arriba. Ello, por supuesto, no es posible con la permisividad de edificios de grandísima altura, recargando los servicios públicos de modo inconmensurable y densificando, aún más, el área de mayor aglomeración poblacional en cuanto a generación de empleo. Por todo lo anterior, no sería en lo absoluto entendible que, sometidos los curadores urbanos a los meros requisitos de forma, se dé veloz trámite a las 365 licencias en curso, incluso con ya algunas moles edificándose, cuando por el contrario se sabe que la actual Administración está feneciendo y cualquiera sea la siguiente, el Decreto 562 está en capilla para su derogatoria o modificación. De modo que, lo sensato, mientras transcurren los tres meses de campaña, es una moratoria temporal de las licencias urbanas referidas a esa normativa. Mucho más cuando existe un consenso de que no se han cumplido los criterios constitucionales de participación democrática y consulta debida a la ciudadanía. Y todavía peor, cuando se sabe que inmediatamente posesionada la nueva Administración tendrá que resolver el tema del Plan de Ordenamiento Territorial, actualmente en entredicho.
Sin duda, Bogotá tiene áreas propicias para una redensificación indispensable. Pero ello no puede hacerse precipitadamente y menos sin las consideraciones ambientales que exigen las ciudades sostenibles, convirtiendo los barrios en barriadas. Los candidatos a la Alcaldía tienen la palabra.