Las cien mil casas gratis entregadas
Estado y la superación de la pobreza
Cuando hoy el Gobierno entregue la vivienda gratis número cien mil, Colombia estará, sin duda, ante la culminación de uno de los programas de inversión social más ambiciosos de la última década. Cien mil unidades residenciales dotadas de infraestructura de servicios públicos y el amueblamiento urbano correspondiente entregadas a familias vulnerables, desplazadas, víctimas de la violencia, desastres naturales o que habitaban en zonas de alto riesgo no mitigable, marcan un antes y un después en la política de vivienda aplicada en nuestros país en los últimos cuarenta años. Desde febrero de 2013, cuando sus aún incrédulos y sorprendidos propietarios recibieron las llaves de las primeras 11 casas construidas bajo este programa, en Pradera (Valle del Cauca), a hoy, cuando se llega a esa anhelada meta de las 100 mil soluciones habitacionales para los más pobres y desamparados, el Estado tenía un reto de marca mayor, no por el cumplimento de la promesa gubernamental como tal, sino porque culminar un desafío como este pone de presente que sí es posible abocar proyectos de construcción masiva y de largo plazo, sin que ello desemboque en escándalos de corrupción, ineficiencia administrativa, costosas renegociaciones de contratos o el riesgo de un sinnúmero de ‘elefantes blancos’ a lo largo y ancho del país.
Como lo referíamos semanas atrás en estas páginas, lo más importante del programa de las cien mil casas gratis ha sido su eficiente instrumentación desde el punto de vista financiero, el modelo licitatorio aplicado, un sistema contractual de pago contra entrega de cada casa terminada, la puja objetiva de departamentos y de municipios en la oferta de suelos urbanizables, el esquema estricto en materia de licenciamiento y permisos, así como los inflexibles mecanismos de control, interventoría y vigilancia para garantizar no sólo el cumplimiento de los cronogramas de los proyectos sino la calidad de cada vivienda, con sus respectivas pólizas de seguros y responsabilidad por parte del constructor en caso de presentarse anomalías. Esa fue clave para llevar a buen puerto los 289 proyectos que se adelantaron en 205 municipios de 28 departamentos, más la ciudad de Bogotá. Un programa que hoy llega a su fin con la entrega del conjunto residencial para un centenar de familias en extrema pobreza en el corregimiento de El Salado, en Bolívar.
Precisamente esa sensación real de la labor cumplida justifica, a todas luces, que el Presidente de la República, su Vicepresidente y el Ministro de Vivienda encabecen hoy el acto en este atribulado sector de los Montes de María, que quince años atrás fuera escenario de una de las masacres más bárbaras perpetradas por los grupos paramilitares. En un país que lleva tres años apostando a un proceso de paz que lleve a la terminación definitiva del conflicto y que también, de forma unilateral, adelanta un sistema de reparación a las decenas de miles de víctimas de la violencia, la escogencia de El Salado como punto culminante del programa de las cien mil casas gratis a los más pobres y vulnerables, tiene una especial significación, al evidenciar que la guerra de las últimas décadas se dejará atrás no sólo con el silencio de los fusiles, sino con políticas eficientes y palpables de superación de la pobreza y la desigualdad social.
Se impone, ahora, el reto de la segunda etapa de las casas gratis, en la que se buscará beneficiar a los municipios de categorías tres, cuatro, cinco y seis, que no hagan parte de áreas metropolitanas constituidas legalmente. Desde ya es claro que el sector privado está listo para participar con la misma decisión y eficiencia demostrada en la primera fase, lo que evidencia que el sistema de pago contra entrega, que en un principio los escépticos decían que no tendría acogida entre los consorcios constructores de mayor seriedad y músculo financiero, se impone como el modelo más eficiente a aplicar no solo en el campo de la vivienda, sino en el de otros sectores de infraestructura económica y social.
Obviamente el déficit habitacional en Colombia aún es alto y son muchas las familias de bajos recursos que todavía no cuentan con techo propio y la dignificación vital que tenerlo conlleva. Sin embargo, el programa de las cien mil casas gratis así como el de las otras modalidades de la política de vivienda que se están aplicando en Colombia, son la mejor ruta para cambiar en el corto y mediano plazo esa realidad. Por igual es claro que a los beneficiarios de las soluciones habitacionales ya entregadas en necesario seguir acompañándolos pues las propias estadísticas gubernamentales ponen de presente las falencias en materia de empleo formal, educación, nutrición, cohesión familiar y oportunidades de progreso que arrastran. La tarea aún sigue.