Impactante el último reporte de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en torno de lo que han perdido las grandes  cadenas de almacenes por los robos en sus puntos de venta. La suma asciende a 125.358 millones de pesos durante 2012.

Lo más grave es que, de acuerdo con el XI Censo Nacional de Mermas y Prevención de Pérdidas en el Mercado Detallista, ese monto de pérdidas es superior en más de 10.515 millones de pesos en comparación con lo registrado en 2011. En otras palabras, de un año al otro los robos crecieron en 9,16%.

Se trata de una situación muy complicada, que evidencia no sólo que hay redes organizadas dedicadas al robo en estos establecimientos de comercio, sino que lamentablemente es necesario aumentar la drasticidad de la normatividad penal, pues en no pocas ocasiones los ladrones son detectados e incluso detenidos por la seguridad privada, que luego los pone a disposición de la Policía así como de la Fiscalía.

El problema surge cuando los sospechosos son dejados en libertad al considerar el juez de garantías o los jueces de conocimiento que por tratarse de delitos cuyas penas son bajas y, por lo tanto, excarcelables, entonces dejan en libertad a los sindicados. Y en no pocas veces se ha dado el caso de que esos investigados, mientras se surten sus respectivos procesos penales, vuelven a sus andanzas delincuenciales y son capturados de nuevo hurtando en establecimientos comerciales.

Es más, no son pocos los propietarios y administradores de estos almacenes que prefieren simplemente tratar de detectar a los ladrones, recuperar lo que pensaban hurtar, pero dejarlos ir a los culpables sin llamar a las autoridades, todo con el fin de evitarse un largo y desgastante proceso judicial que, como se dijo, muchas veces termina con la libertad condicional de los sindicados, que, como si fuera poco, hasta terminan amenazando a sus denunciantes.

Los bajos montos de lo robado en cada caso o incluso la dificultad para armar acervos probatorios sólidos que permitan proyectar acusaciones por robo continuado y de alta cuantía, son los principales cuellos de botella para atacar este flagelo de una manera más eficiente y ejemplarizante.

Algo parecido ocurrió años atrás cuando por una de las tantas reformas al Código Penal el robo de vehículos quedó en la franja de delitos que por el bajo monto de la pena permitía la excarcelación de quienes fueran procesados e incluso condenados.

El yerro en la normatividad y el consecuente problema para las autoridades, que se desgastaban para capturar a los llamados ‘haladores de carros’ pero a los pocos días estos quedaban en libertad, obligó al Congreso de entonces a tramitar rápidamente una reforma para volver a incrementar las penas a los responsables de estos delitos.

Debería analizarse una reforma penal similar para el caso de las personas que roban en los comercios, ya se trate de casos aislados o de las redes de hurto que se han fortalecido con el paso de los años.