*Cerca de 500 mil personas cruzaron este año

*Deficientes resultados de múltiples medidas

El hecho de que más de medio millón de hombres, mujeres y niños hayan cruzado este año la peligrosa selva del Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, duplicando el número de migrantes ilegales registrado el año pasado, confirma a este fenómeno de desplazamiento irregular de población como la mayor emergencia humanitaria del continente.

Más grave aún resulta que este 2023 sea el año en que los gobiernos y autoridades de sur, centro y norte americano han tomado más medidas para frenar este fenómeno. Y lo han hecho en los dos flancos posibles.

En el restrictivo, por ejemplo, Estados Unidos, principal destino de esos centenares de miles de trashumantes, advirtió que mantendrá cerradas sus fronteras a esta marea humana, al punto que todo aquel que sea detenido tratando de ingresar de manera ilegal a su territorio será deportado de inmediato, sin mayor posibilidad de acceder a un refugio humanitario e incluso quedará vetado por varios años para tramitar un ingreso legal. Panamá, entretanto, también alertó que empezaría con deportaciones masivas e incluso no descarta militarizar la frontera con Colombia. A su turno, algunas naciones suramericanas, como Perú y Chile, no solo endurecieron sus protocolos migratorios para restringir el ingreso de trashumantes venezolanos, sino que están expulsando extranjeros que no estén regularizados o cometan delitos.

En cuanto al flanco humanitario, también son muchas las medidas este año. Estados Unidos, por ejemplo, creó “centros de migración” en Colombia y Guatemala para tramitar las solicitudes de asilo de quienes ya estén en travesía en pos del “sueño americano”. La iniciativa, que se activó ante el vencimiento de las restricciones migratorias por la pandemia que contenía el Título 42, busca que las personas no emprendan un largo viaje que no solo es peligroso sino que podría resultar infructuoso.

De igual manera, la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados han redoblado sus operativos para asistir a la marea de migrantes, tanto en el difícil trayecto del Darién como en la ruta centroamericana. También han colaborado con los gobiernos de los países de tránsito para activar protocolos de apoyo humanitario y en seguridad. Aunque este año se contó con mayor cantidad de recursos de la comunidad internacional, el presupuesto continúa siendo insuficiente dada la dimensión de la emergencia.

También este 2023 la OEA trató de instrumentar una respuesta continental más sólida y efectiva. Igualmente, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador (México) se reunieron teniendo como tema central la crisis migratoria, en tanto que en la capital de la nación manita se dieron cita mandatarios del resto de continente con el mismo fin. Igualmente, Ameripol y otras instancias de coordinación trasnacional de seguridad tomaron medidas para combatir las mafias de trata de personas y las redes de explotación laboral y sexual que se lucran con los migrantes ilegales. También se sospecha de bandas dedicadas a secuestrar a los migrantes y pedir a sus familias pagos de rescate. Incluso, los gobiernos del Caribe han activado mecanismos para detectar otras rutas que están utilizando los ‘coyotes’ para movilizar a sus víctimas. En Colombia, por ejemplo, tanto la Procuraduría como la Defensoría han alertado sobre un aumento de embarcaciones que trasladan extranjeros irregulares desde San Andrés a las costas centroamericanas. Se investiga la desaparición de decenas de personas en altamar.

Como se ve, en el año en que más medidas se han tomado desde el ámbito nacional, regional y continental para enfrentar el fenómeno migratorio ilegal en América, el récord de población en tránsito ilegal hacia Estados Unidos se duplicó.

Es claro que las políticas están fracasando. Para algunos expertos esto se debe a que no están unificadas bajo una estrategia ni tienen una dimensión integral de orden continental. Otros advierten que el problema, en el fondo, es que la comunidad internacional no aporta suficientes recursos para que los países de tránsito puedan asistir en mejor forma a la población trashumante. Y, claro, persisten los análisis que sostienen que el flagelo no se acabará mientras no se morigeren las crisis en las naciones de origen que obligan a huir a decenas de miles de sus habitantes. Esta último es el diagnóstico más acertado, pero el más difícil de aterrizar. Por ejemplo, de esos 500 mil migrantes ilegales, al menos 300 mil serían venezolanos y estos solo dejarán de salir de su país cuando caiga la dictadura y se revierta la quiebra económica, social e institucional, algo que hoy se ve, lamentablemente, muy lejano.

Visto todo lo anterior, hay quienes urgen elevar el tema al pleno de Naciones Unidas. Sin embargo, la efectividad de dicho ente para aplicar soluciones viables a crisis de distinta índole es cada vez menor.