El hecho de que durante los dos primeros meses del año solo se hayan podido erradicar 117 hectáreas de coca en todo el país resulta, sin duda, muy preocupante, más aún en momentos en que desde distintos sectores se advierte que el país podría estar inundado de narcocultivos.

Es evidente que la destrucción de sembradíos ilícitos se ha venido a pique en los últimos 20 meses por cuenta de la política del gobierno Petro de no priorizar la erradicación de hoja de coca, marihuana y amapola, esto bajo la tesis de que los más afectados con este tipo de operaciones de la Fuerza Pública terminan siendo los campesinos pobres que, en su concepto, son el eslabón más débil de toda la cadena del narcotráfico en Colombia.

Las cifras son contundentes al respecto: en 2022 durante los primeros ocho meses que estuvo el gobierno Duque la destrucción de los cocales iba muy bien. Sin embargo, tras el relevo en la Casa de Nariño todo cambió. De allí que, pese a que la meta fijada por la saliente administración era la destrucción de no menos de 100.000 hectáreas, al final de cuentas solo se alcanzaron 68.000.

Ya para 2023, la situación fue más complicada dado que la administración de izquierda bajó la meta a apenas 20.000 hectáreas a erradicar, la más baja en la última década. Pero incluso así casi no se logra.

Este año, la meta volvió a bajarse. El Ejecutivo solo se plantea la destrucción de 10.000 hectáreas de cultivos ilícitos, insistiendo en que su objetivo solo son los sembradíos ilegales en grandes extensiones y típicamente “industriales”, manejados por los carteles del narcotráfico.

Más allá de eso, entre enero y febrero, según el reporte del Ministerio de Defensa, solo se alcanzaron a destruir 177 hectáreas, pese a que deberían ser, en promedio, más de 800 por mes para poder alcanzar la pobrísima meta fijada.

A hoy no es exagerado advertir, según reportan las autoridades en distintas zonas del territorio e incluso con la caída del precio de la pasta de coca en muchas zonas debido a una sobreoferta del producto ilícito, que el país podría tener en este momento más de 250.000 hectáreas de narcocultivos o más, la mayoría manejados por los grupos residuales de las Farc, la guerrilla del Eln, bandas criminales tipo ‘Clan del Golfo’, así como los carteles narcotraficantes, tanto de origen colombiano como mexicano.