A dos semanas de las elecciones regionales y locales las alertas continúan prendidas en distintas zonas del país por cuenta de las amenazas y atentados contra candidatos y partidos, así como los hostigamientos y las presiones de grupos delincuencias a quienes desarrollan proselitismo político.

Los informes de la Misión de Observación Electoral, la Registraduría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo así como las alertas que han activado las colectividades en el Comité de Garantías Electorales ponen de presente que los grupos armados ilegales, la delincuencia común y otras facciones criminales o de corrupción continúan asediando a los aspirantes a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y ediles.

Si bien el Gobierno nacional y las Fuerzas Militares y de Policía han reforzado los operativos para brindar más seguridad a los candidatos, es claro que los violentos no han disminuido sus intimidaciones a la campaña. De hecho, en la última semana se han registrado varios atentados a aspirantes o familiares de estos.

Por lo mismo, es imperativo que el operativo de seguridad electoral se redoble, sobre todo en algunas zonas en donde los informes de las autoridades y de las veedurías ciudadanas han advertido que es casi imposible hacer algún tipo de evento proselitista.

Se requiere que las evaluaciones sobre el nivel de riesgo se lleven a cabo a diario y desde ya se contemple la posibilidad de trasladar urnas de los puestos de votación rurales a las cabeceras municipales.

Por igual, debe prestarse servicio de escolta a los candidatos y mítines de cierre de campaña que se llevarán a cabo en estos días. Está claro que los atentados e intimidaciones no se han producido, en la mayoría de los casos, en zonas o eventos urbanos, sino en correrías por las veredas y los corregimientos.

Los mapas de riesgo que tienen la Registraduría, Defensoría y la MOE señalan claramente cuáles son los casi doscientos municipios en donde la inseguridad para la actividad electoral es mayor. Allí debería procederse a reforzar la vigilancia con personal militar y policial de forma preventiva.

Por último pero no menos importante, es vital que la ciudadanía esté atenta a cualquier acto o persona sospechosa para que de inmediato interponga la respectiva denuncia ante las autoridades, que han habilitado múltiples mecanismos para recibir las quejas de la población. Esas denuncias deben ser atendidas de inmediato, de forma tal que los ilegales que quieren sabotear la campaña entiendan que el Estado reacciona rápidamente y no dejará las pesquisas para después de la cita en las urnas.