Aunque desde el Ministerio de Defensa se insiste en que la situación de inseguridad y desorden público está mejorando, la realidad en las regiones va en la dirección contraria. Una prueba de ello es la racha de masacres que, con la matanza ayer de cinco personas pertenecientes a un resguardo indígena en Santander de Quilichao (Cauca), ya llegó a 93 casos en lo corrido del año, con un total de 300 víctimas.

Es decir, acorde con las estadísticas de la organización no gubernamental Indepaz, que, lamentablemente, se está a un solo homicidio colectivo (tres o más personas) de igualar el récord fatal de 2022, cuando se registraron 94 matanzas, también con 300 vidas perdidas.

Este diciembre que termina ha sido particularmente trágico, ya que en tres semanas largas ya se perpetraron cinco asesinatos múltiples en Valle, Antioquia y Cauca.

Pero no solo son las masacres. En asesinatos el panorama también es complejo. Según el reporte del Ministerio de Defensa entre enero y noviembre se produjeron 12.174 homicidios intencionales, apenas 111 menos que los ocurridos en el mismo lapso del año pasado.

Igual ocurre con los líderes sociales y defensores de los derechos humanos. El monitoreo diario que realiza Indepaz señala que en lo corrido del 2023 un total de 185 personas que ejercían esta clase de actividades han sido asesinadas en todo el país, en tanto que ya llega a 44 el saldo fatal de desmovilizados de las Farc a los que les han quitado la vida.

Como se ve, la racha mortal en departamentos y municipios no se detiene. Tanto la delincuencia común como la organizada están desatadas en muchas zonas. Si bien es cierto que hay ceses el fuego vigente con grupos armados ilegales como la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc, en la curva de asesinatos esa circunstancia no se está reflejando de manera sustancial.

Al decir de las autoridades gran parte de las masacres y homicidios de líderes sociales y reinsertados tiene que ver la guerra de predominio territorial que están adelantando los grupos subversivos y bandas criminales de amplio espectro, especialmente por el dominio de enclaves del narcotráfico, minería ilícita y otros delitos de alto impacto.

Es imperativo que el Gobierno entienda que su política de seguridad y orden público está fracasando de forma grave en muchas regiones. Aunque la Fuerza Pública ha redoblado esfuerzos, su operatividad se ha visto limitada por la implementación de la llamada “paz total”, que ha permitido un accionar más extenso de los grupos armados ilegales.