La polémica en la capital del país por la propuesta de la Administración Petro respecto a ampliar en determinadas zonas el horario de atención en bares y discotecas tiene varios flancos que deben analizarse en forma seria y objetiva antes de tomar partido.

En primer lugar, no hay claridad respecto a cómo y por qué se aboca esta experiencia piloto de abolir en buena parte de la cuidad la llamada “hora zanahoria” y permitir que el horario de la rumba pueda extenderse hasta las seis de la mañana y no hasta la medianoche o máximo a la una de la madrugada. La Alcaldía sostiene que no se trata de una medida improvisada ni como reacción a las jornadas de ‘ley seca’ que se impusieron en el marco de la celebración de los triunfos de la selección Colombia en el mundial de Brasil. Por el contrario, afirman en el Palacio Liévano que hay un estudio de varios meses en donde se evaluaron las incidencias de delitos y alteraciones al orden público, encontrándose que en las zonas de rumba no están los mayores indicadores. En el Concejo y otros sectores capitalinos se advierte lo contrario, que no hay planificación y que debe hacerse primero un análisis a fondo antes de tomar una medida tan arriesgada como ampliar el horario de la rumba y la ingestión de licor ¿Cuál es la solución? Sencillo, que los estudios de la Alcaldía se hagan públicos y se discuta así sobre una base cierta y objetiva.

En segundo lugar está la tesis de que al ampliar el horario de funcionamiento en la madrugada de los bares y discotecas se acaba con el flagelo extendido y muy peligroso de los llamados “amanecederos”, es decir esos sitios de rumba clandestinos que se generalizaron en muchos sitios de la ciudad y en donde no existe la posibilidad de entrar a regular cuestiones tan mínimas como la calidad del licor que se expende, las medidas de seguridad para clientes, la restricción a la presencia de menores de edad y que a éstos se les venda licor y hasta el riesgo asociado a casos de prostitución, drogradicción, riñas y violaciones. La premisa, por simple que parezca, es de fondo: es más fácil controlar y vigilar  sitios legales y conocidos, en zonas específicas de la ciudad, que estar a la caza de los “amanecederos” que pululan en cada barrio, escondidos bajo fachadas insospechables y en donde todo es clandestino. Este razonamiento tiene tantos respaldos como contradictores, pero lo cierto es que, en el fondo, tanto las autoridades como la opinión pública saben, resignadamente, que la rumba ilegal es muy difícil de controlar y, como reza la sabiduría popular, muchas veces lo mejor es optar por el mal menor, por controversial que ello resulte.

Y en tercer  lugar, resulta de toda lógica que la Administración condicione la posibilidad de dejar como permanente la rumba extendida a que los bares y discotecas se comprometan a una serie de medidas en materia de garantía de transporte a los clientes, sistemas de seguridad internos y externos e insonorización de los locales para evitar afectar a los vecinos. Sin embargo, esos servicios tienen un costo que no se sabe si los propietarios y administradores están dispuestos a asumir. Es claro que si dichos compromisos resultan difíciles de cumplir, entonces la rumba clandestina seguirá en auge, dando al traste con la tesis expuesta en el segundo punto.

Como se dijo, la polémica sobre a qué horas debe terminar la rumba en Bogotá tiene muchos aspectos que analizar y no se puede asumir una posición sin tener respuesta a los dilemas pendientes.