La Unión Europea está en mora de adoptar una política integral para hacer frente a la inmigración ilegal de miles de africanos hacia países como Italia, Grecia y España. La tragedia de Lampedusa ya supera las 200 víctimas pero se teme que el saldo fatal aumentará una vez empiecen a ser recuperados las decenas de cuerpos atrapados en la bodega de la embarcación que naufragó frente a las costas de la isla italiana.

Más allá del drama y de la indignación que ha producido en todo el mundo lo ocurrido la semana pasada, lo cierto es que, incluso, desde Naciones Unidas se debería abrir un debate de fondo sobre la responsabilidad que les recae a los distintos países, tanto los emisores, como los de tránsito y los de destino, en todo este fenómeno de los flujos de migración ilegal.

Razón tienen las ONG que advierten que debido a las crisis económicas en el bloque europeo, que dieron paso al surgimiento o incluso la llegada al poder de movimientos políticos nacionalistas y, en su gran mayoría, xenófobos, lo que debía ser un problema de orden humanitario, se terminó judicializando, a tal punto que, por ejemplo, los sobrevivientes en el caso de Lampedusa son considerados delincuentes por violar las leyes migratorias italianas.

Pero también les asiste la razón a los gobiernos más al sur de la Unión Europea, pues si bien son la puerta de entrada de miles de africanos que se aventuran en el mar o en la frontera marroquí en busca de un futuro mejor, el problema al final termina afectando a todas las naciones del bloque y, por lo tanto, se requiere que entren a apoyar a las que soportan la parte más gruesa del fenómeno.

En modo alguno la UE podría hacer eco ahora a las voces que llaman a adoptar una política comunitaria de penalización drástica a los emigrantes ilegales, que no sólo se basaría en el encarcelamiento de los ‘sin papeles’, sino que obligaría a olas de deportación masivas.

Es claro que la génesis de todo el problema no está en el hecho mismo de tratar de colarse por las fronteras terrestres o las costas europeas, sino en que por más que se redoble la vigilancia militar en la zona, mientras persista la crisis política, social y de seguridad en el norte de África no habrá forma de evitar que olas de personas sigan arriesgándose para huir de sus países.

De allí la importancia de que en la proyectada reunión excepcional en nivel ministerial de los países de la Unión Europea, se empiecen a tomar medidas de fondo, las mismas que deberían ponerse sobre el tapete en las próximas elecciones comunitarias a comienzos del próximo año.

Es urgente volver a entender que la crisis de la inmigración ilegal tiene un flanco humanitario que no se puede desconocer y que éste no se solventa con el solo hecho de interceptar o rescatar ilegales en alta mar, llevarlos a centros de detención temporal y proceder a su deportación en cuestión de días o semanas. Ese procedimiento se ha aplicado por largos años y los ingresos clandestinos de africanos a Europa se incrementaron, lo que evidencia la ineficacia de esa política.