Las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, en las que minimizó la protesta campesina al afirmar que “el paro agrario nacional no existe”, se malinterpretaron al deducir de sus palabras que negaba las protestas de los campesinos que los colombianos seguían en ese momento por televisión o presenciaban  en las zonas en conflicto. Es evidente que el gobernante se refería a que las marchas y bloqueos se circunscribían a determinadas regiones y no a todo el país. Es falso que el Gobierno no hubiese intentado un acercamiento con los voceros de los campesinos  que salieron a protestar, la mayoría ligados a diversos gremios de la producción, ni con los trasportadores, ni con otros sectores. El ministro Fernando Carrillo se ha multiplicado atendiendo las actividades de su despacho, la relación con el Congreso y los viajes relámpago a las áreas en conflicto, no solamente de los campesinos arruinados, de los carboneros con hambre, sino de los que son presionados por las Farc en otras regiones. Y es de reconocer que realiza su trabajo con la mejor voluntad, responsabilidad y firmeza. Se cuida de hacer promesas que no pueda cumplir o que competen a otros despachos, por lo que en algunas ocasiones viaja con los ministros, como en el caso del  de Agricultura,  Francisco Estupiñán, quien recién aceptó el cargo se encontró con esos entuertos y con lo que denominó un ‘chicharrón’ que de manera prioritaria debía atender, en referencia al caso de los terrenos baldíos y las sociedades que Carlos Urrutia, embajador en Washington en ese momento, con anterioridad representó como abogado de distintos inversionistas.  

Gran parte de esos problemas como los del Catatumbo, que acosan a la sociedad, es asunto de vieja data que los gobiernos anteriores no alcanzaron a resolver, en particular por efecto de la violencia. Es verdad que se combatió a los alzados en armas y se efectuaron operaciones combinadas y cívicas de militares y civiles, lo mismo que se hicieron  gruesas inversiones en infraestructura. Sin que por eso se derrotara a los violentos que se amparan en las zonas fronterizas con Venezuela o en la parte alta del  Catatumbo. Por lo que se repite lo que ha ocurrido en otras regiones de la periferia, en las que la subversión al volver a la guerra de guerrillas y abandonar la pretensión de incursionar en las grandes ciudades, se repliega y ataca de sorpresa a los soldados, tal como viene ocurriendo. Y como eso se repite en diversos departamentos de gran extensión y riqueza natural, en su mayor parte sin explotar, pese al poderío militar del Estado, en tales circunstancias la guerra se prolongaría con bajas de ambos bandos y de la población civil. Es por esa razón que el Gobierno negocia en La Habana sin convenir un alto el fuego, por cuanto se tiene la peor de las experiencias en ese sentido, puesto que cuando afloja la presión militar se extienden los frentes subversivos  y se pierde lo que se había logrado por las armas para recuperar la soberanía nacional. Eso indica que los recientes ataques contra los soldados en distintas zonas del país tienen el objetivo  de ablandar a la población para que les haga el juego a las Farc y se acuerde un alto el fuego, que con la prolongación de las conversaciones de paz beneficiaría a la subversión.

Y si bien en la mayor parte de las zonas de Boyacá y Cundinamarca las protestas muestran a labriegos pacíficos y trabajadores de las minas, en otras regiones, se infiltran agitadores y simpatizantes de la subversión. En tan complejas circunstancias  el Gobierno y las fuerzas de seguridad no pueden bajar la guardia,  en cualquier momento los  infiltrados en las protestas pueden presionar para que se presente una confrontación fatal que les cueste la vida a los campesinos y se agrave la situación. En el caso de los agricultores  y mineros confluyen numerosos problemas y circunstancias adversas que se acumulan con el paso de los años.

Un simple visita a las plazas de mercado muestra que se venden frutas, vegetales, leche, quesos y toda clase de productos de otras naciones; naranjas, mandarinas, limones, ajo, arroz, café y muchos más, que son de la dieta común, en algunos casos, a precios inferiores al costo de producción de nuestros campesinos, que  están o van a la ruina. Eso se debe a varios factores, en especial por las subvenciones estatales foráneas, tecnología y toda suerte de desigualdades, desde el elevado costo de los insumos del agro, el  del dinero, malas carreteras y precios exorbitantes del combustible, las llantas, los repuestos, los fertilizantes y abonos.  Lo que se agrava en cuanto no se supo negociar los TLC en todos los casos y con diversas naciones, por lo que se principian apenas  a sufrir las fatales consecuencias. En otros países donde negociaron mejor los TLC, lo primero que hicieron fue modernizar la infraestructura y los puertos. En la Unión Europea se invirtió para mejorar la infraestructura, capacidad financiera y tecnología, aun así los problemas son enormes y el modelo hace agua.  

Lo cual indica que la tarea que tiene el Gobierno por delante es de una complejidad enorme, a contrapelo de las negociaciones de paz en La Habana se recalienta la descomposición social. En estos casos la represión puede resultar contraproducente, en cuanto la sociedad colombiana es solidaria con los de ruana o con los descamisados de tierra caliente que padecen condiciones infrahumanas. Es por eso que se deben oír las  voces prudentes y francas como la del alto consejero para el Diálogo Social del Gobierno, Luis Eduardo Garzón, quien, con razón, dice que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los campesinos, sin caer en excesos y generar pánico. Es de anotar que no pocos labriegos de Boyacá y Cundinamarca de los que han salido a protestar debido a la penosa situación que atraviesan por cuenta de la competencia desigual y frustración productiva, son gentes buenas y en su mayoría conservadores, como los lecheros de Chiquinquirá y Ubaté.