* Retos del plan de choque contra bandas
* Golpe a finanzas ilícitas, arma crucial
La cruzada contra las bandas de macrocriminalidad que tienen azotadas algunas zonas de la capital del país y que estarían detrás de las tres matanzas de las últimas semanas así como de buena parte de casi una treintena de asesinatos y descuartizamientos, impone retos de primer nivel para el Gobierno nacional y la Fuerza Pública, pero sobre todo para la Alcaldía Distrital.
Como se sabe, tras sendos consejos de seguridad, el primero con la Presidencia de la República y el segundo entre distintas instancias distritales, se adoptó un plan de choque para enfrentar a las nueve organizaciones criminales que protagonizan una cruenta lucha por adueñarse de los principales expendios y corredores del microtráfico en la ciudad. Entre las medidas está la creación de un “Equipo Especial Multicrimen” y el refuerzo del componente policial de 1.200 hombres que combate a las redes delincuenciales, especialmente a las tres internacionales que estarían detrás de las vendettas recientes. Igualmente, la Fiscalía activará unidades especializadas en perseguir lavado de activos, crimen organizado y narcotráfico. Asimismo, se ampliará el pie de fuerza policial en 230 efectivos que operarán en Kennedy, Los Mártires y Santa Fe, en donde se han encontrado más cuerpos desmembrados. También se acudirá al apoyo de las Fuerzas Militares en vigilancia y retenes en las zonas de mayor incidencia ilícita. Y, por último, se pidió al régimen venezolano aislar a los cabecillas de la banda ‘El tren de Aragua’, presos en una cárcel del vecino país y quienes estarían dando órdenes sobre crímenes en la capital colombiana.
Delineada esa estrategia, son tres los retos a corto y mediano plazos. En primer lugar, es imperativo lograr rápidamente identificar y capturar no solo a los eslabones más bajos y medios de las nueve redes de macrocriminalidad, sino a sus principales cabecillas y lugartenientes. Lo ocurrido con el ‘Cartel del Golfo’ es un ejemplo a seguir: en menos de dos años se neutralizó a gran parte de su cúpula y ello llevó a un debilitamiento y fraccionamiento. Si bien hoy todavía varias de sus facciones sobreviven e incluso protagonizan escaladas como el criminal y bárbaro ‘plan pistola’ que costó la vida a tres decenas de uniformados semanas atrás, es claro que ya no tiene la peligrosidad de años atrás.
En segundo término, resulta claro que hay que golpear duramente las finanzas de esas bandas. Y eso solo es posible mediante operaciones de infiltración que permitan detectar el entramado de canales ocultos que mueve millonarias sumas de origen ilícito así como proceder a decomisar y someter a extinción de dominio casas, vehículos, bodegas y demás bienes muebles o inmuebles utilizados para delinquir o adquiridos con las ganancias de actividades ilegales. Hay que acudir a inteligencia humana y tecnológica para encontrar el rastro del dinero e incautarlo. De lo contrario, por más capturas que se produzcan y más condenas que se logren, habrá un reciclaje rápido de mandos, cabecillas y testaferros.
Y, en tercer lugar, se requiere que las autoridades, en un componente combinado de Fuerza Pública e institucionalidad social, se instalen en las zonas en donde hoy están ubicados los principales nichos de microtráfico y otros delitos asociados. Hay que hacer presencia permanente con suficiente personal policial y militar, al tiempo que el Distrito debe ofrecer programas de apoyo a la población de esos sectores, hoy cercada por el hampa.
Si alguno de los tres retos planteados no se cumple a cabalidad, será muy difícil que Bogotá pueda dejar ser el ‘campo de batalla’ de estas redes criminales de alto espectro. La crisis de inseguridad es innegable, no solo la producida por estas bandas sino la derivada de atracos, riñas y actos de intolerancia a toda hora, entre otros delitos. La población está atemorizada, en tanto se corre el riesgo de afectar los flujos de inversión, clima de negocios y hasta el turismo. La Alcaldía debe liderar el plan de choque, sin excusas ni argumentos débiles ni huidizos. Nueve millones de capitalinos así lo exigen.