Lanzada esta semana de manera oficial la nueva política antidroga del Gobierno es necesario que se abra un debate de amplio espectro en múltiples sectores políticos, económicos, sociales, académicos, regionales e institucionales, con el fin de analizar no solo el enfoque general, sino la amplia gama de herramientas contempladas para cumplir sus objetivos.

De entrada, ya algunas voces de expertos llamaron la atención en torno a si es conveniente mantener la estrategia que se viene aplicando en el primer año de esta administración en torno a que los operativos de erradicación de narcocultivos se concentren en los sembradíos más grandes, de “tipo industrial”, y no en los cultivos más pequeños. Esto porque se parte de la base de que los campesinos que se dedican a producir hoja de coca, marihuana y amapola son, en realidad, víctimas de un negocio ilícito en donde constituyen el eslabón más débil de la cadena de este emporio criminal, razón por la cual lo que debe ofrecérseles es alternativas de sustitución y migración a actividades agrarias legales.

Como lo hemos reiterado en estas páginas el cambio de énfasis en la destrucción de cultivos ilícitos llevó a que la extensión de los mismos se haya disparado a más de 230.000 hectáreas al cierre de 2022, según lo constató el reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), a cargo de una agencia de la ONU.

A ello se suma que, según las estadísticas del Ministerio de Defensa, este año la erradicación de sembradíos ilegales ha caído en forma drástica. El más reciente reporte señala que entre enero y agosto solo se destruyeron 10.694 hectáreas, lo que significa un 79% menos que en igual periodo del año pasado, en la última parte del gobierno Duque, cuando se llegó a 50.979 hectáreas.

Esto significa que faltando cuatro meses para que termine el 2023 no se ve posible cumplir con la ya de por sí pobrísima meta de 20.000 hectáreas a erradicar durante este año, según lo determinó el gobierno Petro en enero pasado.

Si bien es cierto que la semana anterior ya le fue expuesta la nueva política antidroga a una delegación de alto nivel del gobierno de Estados Unidos que estuvo de visita en Bogotá, todavía no se conoce un concepto oficial respecto a la misma por parte de las autoridades de Washington.

Así las cosas, se espera que también a nivel nacional el Congreso, los partidos, la academia y los expertos den un concepto alrededor de la nueva estrategia y si la misma evitará, como se advierte en algunos sectores, que los cultivos ilícitos lleguen este año a 300.000 hectáreas y un potencial de producción de cocaína cercano a las dos mil toneladas métricas.

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“¿Los cultivos ilícitos llegarán este año a 300.000 hectáreas?”