*Otro campanazo de la Contraloría
*Ajustes no deben ser contrarreforma
SI hay un año en el que, precisamente, las obras públicas y de infraestructura deberían acelerarse es este 2015, ya que la construcción de obras civiles bien puede convertirse en uno de los elementos que ayude a amortiguar el impacto en la economía de la descolgada en el sector petrolero. Por lo mismo, sorprende la poca reacción que se dio en los gobiernos Nacional, departamentales y municipales ante el diagnóstico de la Contraloría según el cual si bien entre junio de 2012 y diciembre pasado en el sistema de regalías se aprobaron, por un valor de $ 14,5 billones, un total de 6.770 proyectos, más de 1.000 de estos no han culminado el proceso de contratación y están en riesgo de ser “desaprobados”. Si ello pasa se dejarían de ejecutar más de ¡tres billones de pesos! Para entender la dimensión de la cifra baste con decir que es más de la mitad del presupuesto que este año se destinó para todo el sector agro, que llegó a 5,1 billones de pesos.
¿Qué está pasando? Según el ente de control el problema radica en el tiempo que las entidades territoriales demoran para abrir el proceso de contratación luego de la aprobación de los proyectos en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión de las regalías (OCAD). De esta forma, aunque a diciembre pasado del total de proyectos aprobados 5.223 ya estaban contratados, por un monto de $ 10,5 billones, el resto no ha empezado ese proceso. El lío es que la normatividad vigente para la inversión de las regalías es clara en torno de que los proyectos aprobados tienen como máximo 12 meses para iniciar sus procesos de contratación. Si dicho lapso se vence, entran a la etapa de desaprobación en los respectivos OCAD. Para evidenciar la gravedad de esta situación, es necesario señalar que en los tres años de vigencia del nuevo sistema sólo han surtido ese procedimiento 172 proyectos, pero ahora podrían sumársele un total de 1.094, es decir, seis veces la cifra inicial.
Y como si todo lo anterior fuera poco, el informe de la Contraloría también advirtió sobre la ejecución de los proyectos ya contratados, pues solo se ha terminado el 12 por ciento. Esta situación se torna aún más crítica si se tiene en cuenta que la aprobación de proyectos entre 2013 y 2014 presentó una caída de 48 por ciento, contrario al comportamiento de los giros que se incrementó en un 135 por ciento.
No es la primera vez que el ente de control fiscal da campanazos sobre el sistema de regalías. Semanas atrás había advertido que a diciembre pasado casi siete billones de pesos de estos recursos no se habían invertido y permanecían en cuentas bancarias.
Para solucionar todo este problema hay varias alternativas sobre la mesa. Los gobernadores y alcaldes sostienen que debe acelerarse el proceso de los OCAD así como flexibilizarse el régimen de contrataciones y licitaciones. El Gobierno es consciente de que hay un cuello de botella e incluso semanas atrás, para destrabar la inversión de cinco billones de pesos de las regalías en lo que resta de este año, llegó a proponer una reforma a la Ley de Garantías Electorales en lo relativo a levantar la restricción a la firma de convenios interadministrativos, pero no sólo ya era tarde para tramitar la modificación legal en el Congreso, sino que se disparó una polémica sobre los riesgos de esa flexibilización cuando el país está ad portas de comicios regionales y locales. El Departamento de Planeación Nacional también ha implementado directrices para acelerar todo el proceso de aprobación y el jueves pasado fue el Ministerio de Hacienda el que autorizó a gobernaciones y alcaldías a utilizar cuatro billones de pesos provenientes de los excedentes del sistema.
Pero falta una solución definitiva. Se podría acudir al Congreso para una reforma pero, como lo advertíamos en editorial pasado, siempre que se asuma el compromiso de que cualquier ajuste no termine, por acción u omisión, dejando las regalías de nuevo como caja menor de la corrupción regional y local, el despilfarro y el desgreño administrativo. Y menos aún que dicha reforma sea utilizada para revertir la fórmula de distribución equitativa de estos dineros entre todas las regiones del país, sean o no productoras de recursos naturales no renovables. En otras palabras, que los ajustes al Sistema no se conviertan en una contrarreforma, tan lesiva como innecesaria.