* Demoras en muchos municipios y distritos
* Blindar escogencia ante riesgo clientelista
Muy agitado ha sido el arranque de los mandatos de los más de 1.100 alcaldes que se posesionaron el pasado 1 de enero. Designación de gabinetes, fijación de prioridades, enfrentar problemas coyunturales relacionados con inseguridad, incendios forestales y definición de los espacios públicos en donde se prohibirá el consumo de drogas, entre otros temas, han demandado la mayoría del tiempo de estas nuevas administraciones.
El panorama para los concejos municipales y distritales también ha estado muy ocupado. De entrada, la prioridad fue, precisamente, elegir sus respectivas mesas directivas y demás cargos de los cabildos. De forma paralela se han ido alineando las bancadas que estarán en las franjas oficialistas, independientes y de oposición, en tanto comenzó un alud de radicación de proyectos de acuerdo. Todo ello en forma paralela a los primeros debates en cuanto a temas como seguridad o las medidas para restringir la drogadicción en entornos educativos, culturales, deportivos y sitios de afluencia de los menores de edad.
En el caso de los concejos hay otra tarea que también asumieron de entrada: la continuidad de las fases del concurso público de méritos para la elección de los respectivos personeros municipales y distritales. El proceso, acorde con la normatividad vigente, fue iniciado por el Cabildo anterior en cada jurisdicción territorial, cuya principal función era expedir las respectivas resoluciones para iniciar la convocatoria y suscribir un convenio con una entidad de educación superior o instancia especializada debidamente acreditada para adelantar la revisión de hojas de vida, verificación de cumplimiento de requisitos, aplicación de pruebas y demás fases con miras a confeccionar una lista de elegibles para que los nuevos integrantes de la corporación legislativa escuchen sus planteamientos y procedan a la elección antes de que termine febrero, ya que los periodo de estos altos funcionarios comienzan en marzo.
Aunque todo estaba suficientemente reglado desde comienzos del año pasado, lo cierto es que muchos municipios tuvieron problemas al adelantar el proceso, especialmente en lo relativo a la contratación de la entidad académica idónea. De hecho, en octubre la Procuraduría alertó que en más de 400 localidades había retrasos, ya fuera en la selección de la entidad operadora del proceso o por la física falta de recursos para financiar el mecanismo.
Vinieron las elecciones del 29 de octubre y el respectivo cambio en el mapa político departamental y municipal. Luego la prioridad en muchas alcaldías y concejos fue la rendición de cuentas y el empalme. Aunque tanto la Procuraduría como la Defensoría mantuvieron su ojo vigilante sobre los procesos para la selección del Personero, a finales de diciembre muchos concejos salientes estaban muy colgados, a la par de no pocos debates y sospechas sobre la idoneidad de las entidades contratadas.
Todo esto llevó a que los nuevos cabildos estén obligados a acelerar el proceso, con miras a que a finales de este mes y comienzos de próximo se publique la lista definitiva de elegibles, se cite a las sesiones en las plenarias y pueda procederse a la votación para escoger al Personero antes de que termine marzo.
Hay ciudades, como Bogotá, por ejemplo, en las que el cronograma no terminará en el primer bimestre, sino hacia el 10 de marzo. A ello debe sumarse una polémica por la tardía escogencia de la Universidad de Pamplona para adelantar las fases del mecanismo, al tiempo que varios concejales ya expusieron peros sobre la ponderación y valoración de los ítems de experticia, entrevista, trayectoria académica y resultado de las pruebas de conocimiento. Incluso se pide hacer públicas todas las calificaciones.
Pero la alerta alrededor de la elección de los personeros no solo se da alrededor del mecanismo para la respectiva convocatoria del concurso de méritos, sino también por el riesgo de politiquería y clientelismo a la hora de escoger a un funcionario que no solo ejercerá las funciones propias del Ministerio Público a nivel local y será el encargado de la defensa de los derechos humanos y las garantías fundamentales, sino que tiene la facultad de intervenir en procesos civiles, contenciosos, laborales, de familia, penales, agrarios, mineros y de Policía del respectivo nivel jurisdiccional. También es la cabeza de la veeduría ciudadana, de los mecanismos para evitar la lesión de los derechos individuales y colectivos, así como interlocutor y vigilante de la administración pública…
Así las cosas, corresponde a la ciudadanía tener la lupa encima de la elección de los personeros municipales y distritales. Hay que estar vigilantes a que se cumplan los criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad. No puede darse margen de acción a la politiquería. Se trata de una escogencia muy delicada en la que la meritocracia es vital.