Las denuncias en torno a la ampliación de las plantas de personal en varios ministerios, agencias, institutos, departamentos administrativos y demás entidades del Gobierno nacional central se multiplican día tras día. Se habla, por igual, de un aumento desmesurado en el enganche de funcionarios en provisionalidad y de un alud de contratos de prestación de servicios.

Las redes sociales están inundadas de denuncias de congresistas, veedurías ciudadanas, así como de dirigentes políticos, económicos, gremiales y sociales sobre una posible ‘feria burocrática’ en múltiples entidades. Incluso ya algunas organizaciones sindicales han lanzado alertas respecto a manejos anómalos en materia de recambio de personal en muchas instituciones, afectación de la carrera administrativa, reformas anti-técnicas a los manuales de requisitos de estudios y experticia para algunos cargos, así como un incremento desmesurado de los gastos de funcionamiento de las entidades por esta sobrecarga laboral.

Preocupa, igualmente, que crecen las protestas de personas que han aplicado a los concursos de meritocracia para seleccionar personal para cubrir vacantes en muchas entidades, sin que hayan sido posesionados en los mismos, en tanto se mantienen miles de funcionarios provisionales.

Sin desconocer que estamos en un país altamente polarizado y que las polémicas entre partidarios y críticos del Gobierno están a la orden del día, es necesario que la Procuraduría y la Contraloría generales tomen cartas en el asunto. La opinión pública requiere saber la verdad al respecto del aumento de la planta de personal en las oficinas públicas que dependen de la esfera de la administración central.

Es imperativo que se establezca en qué casos el enganche de ese personal está justificado dentro de las respectivas metas de gestión de cada institución. Esta es una labor que le corresponde tanto a los entes de control como al propio Departamento Administrativo de la Función Pública. Unos y otro deben rendir informes al respecto, más aún después de que el año pasado este mismo Gobierno impartiera instrucciones sobre la necesidad de aplicar una política de austeridad en todo el Ejecutivo.

Como se recuerda, en abril de 2023 se expidió el Decreto 444 que establece el Plan de Austeridad para las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, fijando medidas concretas en materia de contratación de personal, viáticos, eventos, esquemas de seguridad, suscripciones, así como papelería y telefonía.

Dicha norma determinó que la modificación de la planta de personal y la estructura organizacional en las entidades se podría realizar solo cuando su costo fuera cero o generará, necesitando, además, al concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.