- Más allá de la cantidad de ministerios
- Modelos modernos de administración pública
Tras la designación en la última semana de la titular del nuevo Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Colombia llegó a 18 carteras, pues hace pocos meses también se había instituido la del Deporte.
Años atrás el mayor o menor número de puestos en los respectivos gabinetes de orden nacional era asimilado a una mayor o menor propensión hacia temas como el centralismo administrativo, la carga burocrática o el nivel de eficacia de los aparatos estatales. Hoy, bajo las nuevas teorías de la administración pública, ese factor cuantitativo ministerial ya no es tan importante. Sin embargo sí tiene un efecto superlativo en la ciudadanía así como en la calificación de esta sobre la eficiencia de sus respectivos gobiernos.
En la edición del pasado sábado publicamos un informe sobre cómo estaba Colombia en materia en número de carteras a nivel latinoamericano. Se encontró que con 18 cargos de este rango nuestro país se podría decir que está en la mitad de la tabla frente a naciones que, como Uruguay, tiene 13 ministerios o con relación a Venezuela, que lidera el top con 33 carteras, seguida de Costa Rica con 24, República Dominicana con 23, Brasil con 22 y Argentina con 21.
Es evidente que el peso específico de los ministerios en Colombia ha variado en la última década, no solo porque el sistema de pesos y contrapesos así como de separación y equilibrio de poderes se ha refilado por distintas circunstancias, sino porque en el lapso se crearon otras instancias que por su enfoque multisectorial y manejar políticas de amplio espectro terminan teniendo más poder de decisión, capacidad ejecutiva e incluso preponderancia institucional que las carteras del gabinete. Tal es el caso de las Agencias, como las de Víctimas, Defensa Jurídica, Desarrollo Rural, Tierras, Seguridad Vial, Infraestructura, Hidrocarburos, Espectro y otras más. Algunas de ellas llegan a tener incluso una destinación presupuestal parecida o superior a varios ministerios, puesto que tienen a su cargo la implementación o coordinación de políticas macro, es decir que superan la capacidad de jurisdicción de algunos ministerios como tal.
De otro lado, está visto que la fórmula de ampliar el número de ministerios no siempre termina siendo la más eficiente en nuestro país, tal como se evidenció cuando en el anterior gobierno se crearon cuatro carteras dependientes de la Presidencia, que luego hubo de reversar por los continuos choques de competencia con los ministros tradicionales.
También es evidente que existe superposición de funciones entre algunos ministerios, departamentos administrativos e institutos descentralizados del orden nacional, en tanto que en otras ramas del poder público se habla, igualmente, de una estructura poco funcional entre varias entidades e instancias que se han ido creando en los últimos años, o cuyas facultades se ampliaron o recortaron sin el suficiente análisis sobre su funcionamiento en el día a día estatal. Igual ha ocurrido con algunas consejerías presidenciales, cuyo número y labores a cargo han sido ampliamente modificados en los años recientes.
¿Necesita el país una restructuración del tamaño y conjunto orgánico del Estado? Esa es una pregunta muy compleja. Es claro que la funcionalidad del aparato institucional de nuestro país ha tenido filtros importantes, por ejemplo, el examen que sobre la materia se hizo durante el proceso de entrada de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo es evidente que con nuevos marcos normativos como el de la Ley de Regiones, aprobada a mediados del año pasado, se requiere una mayor capacidad de coordinación y flujo de decisiones entre el Gobierno Nacional Central y las administraciones departamentales y municipales. Igual ocurre con los nuevos mandatos legales en cuanto a distritos y áreas metropolitanas, así como frente a los procesos de ciudad-región que hoy se imponen como obligatorios en muchos nodos territoriales y poblacionales del país.
Este un análisis que debe abordarse de forma tranquila por parte no solo del Gobierno y el Congreso sino de la academia y otras instancias políticas, sociales, económicas, gremiales y regionales. Colombia es hoy, sin duda, uno de los países con mejor estructuración institucional del continente, pero el Estado, según las teorías modernas, es un aparato vivo y sistémico que continuamente debe ser revisado para aumentar su eficiencia y capacidad de cumplir sus objetivos.